Archivo de la categoría: opinión pública

Histeria xenofóbica en Panamá

Por Olmedo Beluche

Una gran ola xenofóbica se ha levantado en Panamá. Cuando parecían pasados los conflictos por la masiva  llegada de venezolanos, porque el flujo migratorio de ese país ha disminuido notablemente desde que se impuso la visa hace 2 años, la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Zulay Rodríguez Lu, ha vuelto a levantar la xenofobia con más bríos por medio de un anteproyecto de ley draconiano contra los migrantes pobres.

Seguir leyendo Histeria xenofóbica en Panamá

La crisis del “progresismo” y la necesidad de una izquierda revolucionaria

Por Olmedo Beluche

¿Cómo se puede entender la huelga general y las grandes movilizaciones populares, de mediados de septiembre, en Costa Rica, por la aplicación de un paquete neoliberal, el “combo fiscal”, por parte de un gobierno que calificaban de “izquierdas”, “populista” o “progresista”? Seguir leyendo La crisis del “progresismo” y la necesidad de una izquierda revolucionaria

¿Qué esconde el gobierno Nacional detrás del proyecto de ley N° 567 y el proyecto de la “Conquista del Atlántico”?

Por: Jonathan González Quiel

¿Has escuchado hablar de la “Conquista del Atlántico”, Autopista Costa Nera y el desarrollo turístico en la Costa Atlántica? 

En las últimas décadas el gobierno nacional ha emprendido una serie de proyectos para el “desarrollo” de la conquista del atlántico, pero existe muy poca divulgación de estas iniciativas debido a su naturaleza de despojo y negocio irregular.

El pasado 10 de octubre de 2017,  se anuncia públicamente que la Asamblea  Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley N° 567 que segrega toda la zona costera de área protegida de Donoso, con el objetivo de desarrollar proyectos turísticos de proyección Internacional. Seguir leyendo ¿Qué esconde el gobierno Nacional detrás del proyecto de ley N° 567 y el proyecto de la “Conquista del Atlántico”?

El diálogo que se necesita

Si reconocemos que de humanos es errar, también debemos aceptar que hay que sacar lecciones de nuestros errores

Por Osvaldo Jordán Ramos

Funte: laestrella.com.pa

Si reconocemos que de humanos es errar, también debemos aceptar que hay que sacar lecciones de nuestros errores. Por eso reflexionaba hace algunos años sobre la experiencia de nuestro país con diferentes tipos de diálogos. No cabe duda que hemos alcanzado importantes logros como el adecentamiento electoral (Bambito) y la aceptación del concepto de ciudad jardín para las áreas revertidas (Coronado). No obstante, también ha habido diálogos que han servido para distraer, confundir y hasta para desmovilizar a la población. ¿Cómo evitar caer en esta trampa que castiga las mejores intenciones? Seguir leyendo El diálogo que se necesita

Hay que construir el “Podemos” y el “Syriza” de Panamá

Por Olmedo Beluche

La Europa de hoy está viviendo un proceso semejante al de América Latina hace una década y poco más: los pueblos hartos de la miseria que impone el capitalismo neoliberal desde el FMI et. al., hartos de los corruptos partidos socialdemócratas, liberales y “populares” cuyas diferencias doctrinales se han borrado, esos pueblos están buscando y construyendo nuevos proyectos políticos que sean consecuentes con sus demandas de un mundo más justo y equitativo.

De esas experiencias políticas han surgido dos potentes movimientos construidos al calor de las luchas en las calles contra el neoliberalismo, Syriza en Grecia y Podemos en España.  Syriza fue electo al gobierno en 2014, después de que el pueblo griego rompiera con liberales y socialdemócratas que le exprimían para quedar bien con los banqueros alemanes. Podemos, acaba de surgir para convertirse en las elecciones regionales del mes pasado en la tercera fuerza política española ante el desprestigio del Partido Popular y el PSOE.

Aunque ni son copias, ni satélites de movimientos políticos latinoamericanos, si tienen en común con el Proceso Bolivariano de Hugo Chávez, con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y con el MAS de Evo Morales, que expresan la movilización popular contra el corrupto capitalismo neoliberal y los partidos tradicionales.

Tanto Podemos como Syriza, al igual que los movimientos políticos que llevaron al poder a Chávez, Evo y Correa, no son partidos que expresan a la izquierda tradicional (comunista). Su objetivo programático no es la construcción de una sociedad socialista, en el sentido leninista. Son movimientos que expresan la ruptura de las masas con las consecuencias del capitalismo neoliberal: desempleo, carestía, pobreza, desigualdad, pérdida de derechos, corrupción, etc.

Son movimientos revolucionarios porque expresan la voluntad y la acción política de millones de personas que se movilizan por el cambio de régimen, aunque no sean movimientos que hayan llegado a la conclusión de que el problema no es solo el gobierno o el régimen, sino el propio sistema capitalista. Pero ninguna revolución anterior empezó por esa comprensión “intelectual” de buscar una salida “histórica” a la sociedad actual.

Todas las revoluciones han iniciado, como los procesos actuales, en la lucha por la solución a los problemas concretos en que los pueblos rompen con los partidos tradicionales que le ataban su conciencia y su acción y empiezan a buscar nuevas alternativas que sean consecuentes con los cambios a los que aspiran.

Por eso son procesos revolucionarios, no por sus dirigentes o su programa, sino por la movilización de masas que los ha parido. Movilización que tiene hoy un grado de conciencia pero que, mientras no sea derrotada no ha cesado, con lo cual puede seguir madurando.

¿Qué mejor escuela política para los trabajadores griegos, y europeos, que ver cómo el gobierno de Tsipras intenta quedar bien con los bancos pagando le deuda pero con un plan de aumento de impuestos a los que más tienen, pero la “troika” (FMI, Banco Central Europeo Y Unión Europea) le exige seguir atacando los empleos públicos, los salarios y las jubilaciones?

En España, Podemos ha surgido de las acampadas de los “indignados” que llenaron las plazas para protestar contra el régimen que desahuciaba a la gente humilde de sus casas pero protegía y subvencionaba a los banqueros ladrones y corruptos. Los “indignados” con el régimen corrupto heredado del franquismo cuya careta de “democracia” de deshace ante cada acto de corrupción y ante cada medida de gobierno que atenta contra los trabajadores.

Si hablamos de disparidades sociales, de injusticia, de pobreza y desempleo crónicos (enmascarado como “cuentapropismo”), de privatizaciones, de saqueo al sistema de seguridad social, de pago de la deuda externa, de gobierno de plutócratas disfrazado de “democracia”, de crisis institucional, de corrupción y desprestigio de partidos tradicionales, ¿No estamos hablando de Panamá?

Panamá sufre los mismos males sociales que nuestros hermanos de Sudamérica y que las clases trabajadoras europeas, gracias a la globalización neoliberal. El mundo ha sido unificado bajo la dictadura del capital financiero transnacional y nuestro país no escapa a esa realidad. Por eso tampoco puede escapar a las alternativas.

Estamos tarde, porque en 2005,  con las masivas movilizaciones en defensa de la Caja de Seguro Social, cuando Frenadesso era un movimiento amplio con apoyo de decenas de miles en las calles, hubo la oportunidad para transformarlo en ese movimiento político antineoliberal que el pueblo panameño quería para liderizar el cambio. La cortedad de miras, el sectarismo y otras lacras impidieron aprovechar la oportunidad.

Aunque diez años después las circunstancias son más difíciles, la necesidad sigue estando presente para constituir ese proyecto político de gobierno que exprese las demandas populares de cambio que el gobierno de Varela (ni el PRD, ni menos el CD) pueden producir. Al igual que Syriza y Podemos, el proyecto panameño debe ser amplio y democrático, y no puede quedarse en los límites de lo que fueran en las elecciones de 2014, las propuestas del FAD y el MIREN.

Construyamos el Syriza y el Podemos de Panamá, antes que la burguesía panameña invente otro “Martinelli” que le robe el mandado a la izquierda.

 

Panamá, 6 de junio de 2015.

syrizapasok

Renta, electricidad y pueblos originarios

Juan Jované

jovajun@yahoo.com

La reciente reunión entre el Ejecutivo y la Comisión del Pueblo Ngäbe -Buglé, a la cual asistimos como asesores de esta última, merece una profunda reflexión, no solo en relación a la actitud sumisa del gobierno de turno frente a los poderes económicos y financieros externos y locales, sino que también sobre la forma en que se han venido entregando los recursos naturales del país.

En relación a la posición gubernamental, en primer lugar, llama la atención el hecho de que luego de haber aceptado, tal como aparece en el acta de la 10ma reunión de la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, una agenda de discusión en la que, de acuerdo al cuarto punto, se deberían discutir posibles y diversos escenarios, la representación del Ejecutivo decidió violar este acuerdo. En efecto, la delegación del gobierno, pese a que la Comisión Ngäbe – Buglé había propuesto discutir como primer punto la suspensión del proyecto, se circunscribió a anunciar la definitiva decisión gubernamental. De acuerdo a esta no solo se debería terminar de construir el proyecto con la ayuda de una especie de “project manager”, entendiendo, además, que una vez terminado el proceso de construcción la misma empresa que sistemáticamente ha venido violando los derechos humanos de la población originaria y las regulaciones ambientales del país, quedaría en posesión de la concesión y del proceso de generación eléctrica. De esto surge una pregunta: ¿Qué hay detrás de esta drástica decisión gubernamental?

Desde luego que parte de la respuesta está en la presencia de un gobierno temeroso, antinacional y carente de un efectivo sentido de solidaridad social, el cual es capaz de poner por delante la llamada “seguridad jurídica” del capital, aún cuando este visiblemente ha atentado contra los derechos humanos del pueblo originario, trasgrediendo, además, prácticamente todas la normativas ambientales del país. Esta repuesta, sin embargo, no es suficiente, por lo que debe complementarse con un análisis de los intereses económicos creados que están en juego en este problema. Esto permitirá evidenciar que la radical decisión del ejecutivo constituye una forma de defender dichos intereses creados.

Para comenzar, se debe recordar que, en base al llamado Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, el actual gobierno resulta ser el primer grupo de administradores de la cosa pública que en forma abierta y no solapada proponen constituir a Panamá, aún en contra de sus propias promesas de campaña, un país plenamente disponible para las actividades de la minería a cielo abierto, así como a los diversos y graves impactos ambientales que la misma origina. La vinculación con el problema que nos ocupa es clara: la minería es una actividad muy densa en términos de la utilización de energía eléctrica. El problema, sin embargo, no se agota en este aspecto.

Existe otra razón, también vinculada a la acumulación por desposesión y despojo, la que se vincula con las personas naturales o jurídicas específicas a las que se les entregan las concesiones. En efecto, la forma prácticamente gratuita en que los diversos gobiernos han venido entregando las concesiones hidroeléctricas constituyen una entrega deliberada, a nuestro juicio cargada de corrupción, del uso exclusivo de determinados recursos naturales. Esta entrega implica que los beneficiarios pueden apropiarse de manera regalada de la renta de la tierra, tanto en su forma relativa, absoluta, como monopólica. Se trata, para decirlo en los términos de Thorstein Veblen, de la cesión graciosa de un ingreso no ganado a los beneficiarios de dichas concesiones. También se trata, ahora utilizando el leguaje de la Economía Política, de la creación de una forma de capital ficticio que se entrega a los concesionarios, en condiciones que los mismos lo pueden usar, si así lo tienen a bien, con fines puramente especulativo.

Se evidencia, entonces, que el Gobierno Nacional, con su última propuesta, busca mantener y consolidar el modelo de desposesión que sobre los bienes públicos y los recursos naturales han venido aplicando las sucesivas administraciones gubernamentales. Se trata de un esquema en el que la creciente acumulación de riquezas por los sectores económicamente dominantes se realiza por medio de la rapiña y la negación de los derechos humanos de los pueblos originarios, así como los que corresponden al resto de la sociedad.

En este contexto la solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé es una necesidad inaplazable. En el éxito de su lucha se encuentra un punto de inflexión necesario para detener y revertir la política de saqueo que implica la aplicación de los preceptos de la política neoliberal. Ñagare Barro Blanco.

Panamá: Entre la represión y la resistencia

Por: Jonathan González Quiel

Desde la firma del Plan Puebla-Panamá, en junio de 2001, los habitantes del occidente del istmo han conocido la verdadera cara del sistema energético y sobre todo lo negativo que este modelo de desarrollo deja en las comunidades donde se implementaron los proyectos hidroeléctricos. Desde entonces comunidades campesinas e indígenas han tenido que defenderse para no perder sus recursos naturales, su territorio y su cultura. Una consecuencia de la implementación del Plan Puebla-Panamá es que la seguridad pública ha sido militarizada, respondiendo a los intereses ya predeterminados por los gobiernos neoliberales, y a la agenda de seguridad de los EEUU.

La presencia permanente del Comando Sur, del Comando Colombiano, y la inteligencia israelita, demuestran que los efectivos de la seguridad pública en Panamá no son policías comunes; tienen una formación militar muy completa, respondiendo a las órdenes de los superiores en el Órgano Ejecutivo.Las huelgas nacionales que se gestaron durante el período de gobierno de 2009 a 2014, fueron brutalmente reprimidas por estos militares y a pesar de la cantidad de denuncias, el sistema de impunidad demostró una vez más que la justicia está en manos de un sistema que inclina la balanza hacia los sectores del poder económico nacional e internacional.
Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009 a 2014) se cometieron una serie de abusos represivos contra
la sociedad civil organizada que luchaba por proteger los recursos naturales y los servicios públicos. Dichos abusos dejaron más de una decena de muertos y una cantidad numerosa de heridos, con pérdida parcial y total de visión, lesiones personales agravadas y heridas por perdigones, siendo estas documentadas por los medios de comunicación.

En julio de 2010, por ejemplo, se reprimió de forma violenta la protesta de trabajadores Ngäbe en la provincia de Changuinola, quienes estaban en contra de una nueva ley que debilita a los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esta represión dejó como resultado cuatro personas fallecidas, decenas de heridos, y dos personas con pérdida total de la vista. En febrero del 2011, se reprimió al pueblo Ngäbe que protestaba por la aprobación de una nueva ley que facilita la inversión extranjera en el sector minero. Sobre este mismo caso, el 5 de febrero de 2012, la policía nacional reprimió la protesta, dando como resultado los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez. Estos casos quedaron impunes a pesar de que el gobierno nacional en sus informes confirmaba la veracidad de los hechos.

Dichos sucesos fueron demandados ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente elevados a la CIDH. Aunque ninguno de los responsables oficiales ha sido condenado, los enfrentamientos terminaron con una mesa de diálogo conformada por miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino.

A pesar de estos avances, Panamá como Estado de derecho ha fracasado. Las demandas presentadas por los asesinatos de las protestas de febrero del 2012 se cierran y se archivan. Actualmente, se han aprobado un gran número de megaproyectos en el país donde no se ha respetado el derecho de consulta previa e informada de las comunidades que serán impactadas. Asimismo, las recientes reformas a las leyes ambientales, con tal de continuar con la política extractivista, nos demuestra que se sigue desplazando al campesino e indígena, generando conflictos sociales que llevan a la represión brutal por parte del gobierno.

Tomado de La revista el Derecho a Vivir en Paz http://www.soawlatina.org/documentos/revista5_2015.pdf

LA ASIGNATURA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMA Y EEUU

COMUNICADO

FRENTE PANAMA SOBERANA

LA ASIGNATURA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMA Y EEUU

El gobierno nacional acaba de sancionar la Ley 37 del 12 de mayo de 2015 mediante la cual reincorpora al currículo del sistema educativo panameño la asignatura de La historia de las relaciones de Panamá y EEUU. La ley fue el resultado de una lucha de sectores amplios de la sociedad panameña que repudiaron la eliminación de la materia en el período presidencial anterior. La ley dispone que la materia “debe profundizar los hechos que contribuyeron a fortalecer las bases de la Nación panameña”.

La cátedra de las Relaciones de Panamá y EEUU desapareció del currículo oficial en agosto de 2012, cuando el presidente Ricardo Martinelli y la ministra de Educación, Lucy Molinar (2009-2014), la eliminaron bajo el supuesto de que sería integrada a programas más generales. La medida generó un rechazo generalizado de académicos, organizaciones gremiales y del pueblo.

La historia de Panamá y, muy especialmente, las relaciones con EEUU, constituye un área que los sectores neoliberales y conservadores del país rechazan en la medida en que recoge las luchas populares por la consolidación nacional. Consideran que la asignatura de Historia de Panamá y, en particular, las relaciones con EEUU, reflejan un proceso que puede ‘incomodar’ a Washington. Como consecuencia, prefieren borrar de la memoria de los panameños toda mención de los conflictos entre los dos países. El pueblo panameño ha rescatado la figura heroica de Victoriano Lorenzo, fusilado en la antesala de la independencia de Panamá. Recuerda la represión de los trabajadores del Canal, del Movimiento Inquilinario y el rechazo del Tratado militar Filós-Hines.

Quizás lo que más molesta a los neoliberales y conservadores locales, incrustados en todos los gobiernos desde la Invasión, es la gesta de enero de 1964 cuando la juventud, encabezando un pueblo aguerrido, logró sentar las bases para que EEUU abandonara sus pretensiones colonialistas en el istmo. A la vez, este país arrió su bandera e hizo entrega del Canal de Panamá a los panameños.

También es urgente que la Universidad de Panamá, así como todos los centros de educación superior del país, incorporen esta asignatura al currículum de todas sus carreras. La historia del país ha sido sistemáticamente ignorada por los centros de estudios superiores. Error que debe corregirse, especialmente ahora que el país cuenta con una ley que apoya la identidad nacional y la enseñanza de su historia.

La historia de Panamá y sus relaciones con EEUU tienen que ser del conocimiento de nuestra juventud y ser objeto de debates para ofrecerle a las futuras generaciones de panameños los instrumentos que les permitan continuar construyendo la nación próspera, productiva e inclusiva que todos los panameños anhelamos.

Frente Panamá Soberana

25 de mayo de 2015.

El primer año del gobierno de Varela

El primer año del gobierno de Varela

Olmedo Beluche

La Prensa

| 20 may 2015 –

A poco de cumplirse el primer año del gobierno de Juan Carlos Varela corresponde hacer un balance de su gestión. Gobierno que se inició no solo con la derrota del régimen de Ricardo Martinelli y su partido, sino con un amplio acuerdo político que le ha permitido a Varela sumar a su gobierno, además de su aliado el Partido Popular, al Partido Revolucionario Democrático y a sectores específicos de la sociedad civil, independientes e incluso de la dirigencia sindical. Todos los que son corresponsables de la actual gestión.

Lo primero que llama la atención y más preocupa a los empresarios es la ralentización de la economía. La desaceleración es, en parte, imputable a la crisis internacional, pero en gran medida a la acción tortuguesca del gobierno de Varela. Pero eso no obedece solo a una característica personal del Presidente, sino a una férrea orientación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha ordenado “fortalecer el ahorro” a costa del gasto y la inversión (La Prensa, 8/5/2015).

Ese “ahorro” forzoso del gasto público, y el final de las mentiras publicitarias de Martinelli, es el que ha destapado la peor crisis de los servicios públicos que se recuerde. Ahora que los medios dejaron de hacerle eco a las falacias de las reformas educativas de la ministra Lucy Molinar, puede apreciarse el lamentable estado de todas las escuelas del país, incluso las que eran insignia, hace unas décadas.

¿La salud pública? Allí está el hospital Santo Tomás hecho un desastre, mientras que la Caja de Seguro Social sirvió para que algunos se embolsillaran 600 millones de dólares en una “Ciudad Hospitalaria” que no sirve para nada, mientras se carece de lo básico, para no hablar de los centros de salud en las comunidades. ¿Los servicios públicos de agua y alcantarillado? Pues, cada día los moradores de alguna comunidad salen a la calle para reclamar por “el vital líquido”. ¿La recolección de basura? Estado calamitoso, agravado en los distritos en que se privatizó el servicio, como San Miguelito.

Resolver estos graves problemas que, junto a la inflación (otra materia fracasada de Varela), empobrecen cada día más al pueblo panameño, requiere hacer lo contrario de lo que hace el actual gobierno, al obedecer los dictados del FMI. Se requiere una fuerte inversión en el sector social, y recortar los pagos a la deuda (que hay que auditar) y a las obras faraónicas.

Pero mientras no hay plata para las necesidades populares, el gobierno pretende indemnizar a la empresa que ha incumplido todos sus compromisos, la del Metro Bus.

Mientras los sectores empresariales, de manera irresponsable, se retiran y dejan sin pagar los pasivos laborales de los trabajadores (los de Petaquilla por ejemplo), el gobierno actúa de cómplice de esos sinvergüenzas. En vez apoyar a los más débiles –los asalariados–, en cada caso el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral parece ponerse del lado empresarial, como en el ferrocarril.

Pero hay que reconocer que en este año sí hay un avance: el del combate a la corrupción. Es la primera vez en la historia del país que se envía a la cárcel a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a media docena de altos cargos del gobierno de Martinelli. Pero ese optimismo se empaña por dos dudas: ¿La justicia alcanzará a los verdaderos miembros del “círculo cero” empresarial, quienes lucraron de los negocios o se quedará solo con los testaferros? Por otro lado, ¿hasta qué punto la justicia obedece a un anhelo popular y cuánto a una lucha de poder entre dos facciones de la oligarquía?

En fin, faltando cuatro años para los próximos comicios, el movimiento popular panameño tiene por delante el mismo reto de siempre: superar el infantilismo sectario, la desunión y construir una alternativa política que represente el “verdadero cambio” hacia una vida mejor que aspira la ciudadanía.

– See more at: http://impresa.prensa.com/opinion/primer-gobierno-Varela-Olmedo-Beluche_0_4213078725.html#sthash.KjM7jDBO.dpuf