Archivo de la categoría: opinión pública

El diálogo que se necesita

Si reconocemos que de humanos es errar, también debemos aceptar que hay que sacar lecciones de nuestros errores

Por Osvaldo Jordán Ramos

Funte: laestrella.com.pa

Si reconocemos que de humanos es errar, también debemos aceptar que hay que sacar lecciones de nuestros errores. Por eso reflexionaba hace algunos años sobre la experiencia de nuestro país con diferentes tipos de diálogos. No cabe duda que hemos alcanzado importantes logros como el adecentamiento electoral (Bambito) y la aceptación del concepto de ciudad jardín para las áreas revertidas (Coronado). No obstante, también ha habido diálogos que han servido para distraer, confundir y hasta para desmovilizar a la población. ¿Cómo evitar caer en esta trampa que castiga las mejores intenciones? Seguir leyendo El diálogo que se necesita

Hay que construir el “Podemos” y el “Syriza” de Panamá

Por Olmedo Beluche

La Europa de hoy está viviendo un proceso semejante al de América Latina hace una década y poco más: los pueblos hartos de la miseria que impone el capitalismo neoliberal desde el FMI et. al., hartos de los corruptos partidos socialdemócratas, liberales y “populares” cuyas diferencias doctrinales se han borrado, esos pueblos están buscando y construyendo nuevos proyectos políticos que sean consecuentes con sus demandas de un mundo más justo y equitativo.

De esas experiencias políticas han surgido dos potentes movimientos construidos al calor de las luchas en las calles contra el neoliberalismo, Syriza en Grecia y Podemos en España.  Syriza fue electo al gobierno en 2014, después de que el pueblo griego rompiera con liberales y socialdemócratas que le exprimían para quedar bien con los banqueros alemanes. Podemos, acaba de surgir para convertirse en las elecciones regionales del mes pasado en la tercera fuerza política española ante el desprestigio del Partido Popular y el PSOE.

Aunque ni son copias, ni satélites de movimientos políticos latinoamericanos, si tienen en común con el Proceso Bolivariano de Hugo Chávez, con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y con el MAS de Evo Morales, que expresan la movilización popular contra el corrupto capitalismo neoliberal y los partidos tradicionales.

Tanto Podemos como Syriza, al igual que los movimientos políticos que llevaron al poder a Chávez, Evo y Correa, no son partidos que expresan a la izquierda tradicional (comunista). Su objetivo programático no es la construcción de una sociedad socialista, en el sentido leninista. Son movimientos que expresan la ruptura de las masas con las consecuencias del capitalismo neoliberal: desempleo, carestía, pobreza, desigualdad, pérdida de derechos, corrupción, etc.

Son movimientos revolucionarios porque expresan la voluntad y la acción política de millones de personas que se movilizan por el cambio de régimen, aunque no sean movimientos que hayan llegado a la conclusión de que el problema no es solo el gobierno o el régimen, sino el propio sistema capitalista. Pero ninguna revolución anterior empezó por esa comprensión “intelectual” de buscar una salida “histórica” a la sociedad actual.

Todas las revoluciones han iniciado, como los procesos actuales, en la lucha por la solución a los problemas concretos en que los pueblos rompen con los partidos tradicionales que le ataban su conciencia y su acción y empiezan a buscar nuevas alternativas que sean consecuentes con los cambios a los que aspiran.

Por eso son procesos revolucionarios, no por sus dirigentes o su programa, sino por la movilización de masas que los ha parido. Movilización que tiene hoy un grado de conciencia pero que, mientras no sea derrotada no ha cesado, con lo cual puede seguir madurando.

¿Qué mejor escuela política para los trabajadores griegos, y europeos, que ver cómo el gobierno de Tsipras intenta quedar bien con los bancos pagando le deuda pero con un plan de aumento de impuestos a los que más tienen, pero la “troika” (FMI, Banco Central Europeo Y Unión Europea) le exige seguir atacando los empleos públicos, los salarios y las jubilaciones?

En España, Podemos ha surgido de las acampadas de los “indignados” que llenaron las plazas para protestar contra el régimen que desahuciaba a la gente humilde de sus casas pero protegía y subvencionaba a los banqueros ladrones y corruptos. Los “indignados” con el régimen corrupto heredado del franquismo cuya careta de “democracia” de deshace ante cada acto de corrupción y ante cada medida de gobierno que atenta contra los trabajadores.

Si hablamos de disparidades sociales, de injusticia, de pobreza y desempleo crónicos (enmascarado como “cuentapropismo”), de privatizaciones, de saqueo al sistema de seguridad social, de pago de la deuda externa, de gobierno de plutócratas disfrazado de “democracia”, de crisis institucional, de corrupción y desprestigio de partidos tradicionales, ¿No estamos hablando de Panamá?

Panamá sufre los mismos males sociales que nuestros hermanos de Sudamérica y que las clases trabajadoras europeas, gracias a la globalización neoliberal. El mundo ha sido unificado bajo la dictadura del capital financiero transnacional y nuestro país no escapa a esa realidad. Por eso tampoco puede escapar a las alternativas.

Estamos tarde, porque en 2005,  con las masivas movilizaciones en defensa de la Caja de Seguro Social, cuando Frenadesso era un movimiento amplio con apoyo de decenas de miles en las calles, hubo la oportunidad para transformarlo en ese movimiento político antineoliberal que el pueblo panameño quería para liderizar el cambio. La cortedad de miras, el sectarismo y otras lacras impidieron aprovechar la oportunidad.

Aunque diez años después las circunstancias son más difíciles, la necesidad sigue estando presente para constituir ese proyecto político de gobierno que exprese las demandas populares de cambio que el gobierno de Varela (ni el PRD, ni menos el CD) pueden producir. Al igual que Syriza y Podemos, el proyecto panameño debe ser amplio y democrático, y no puede quedarse en los límites de lo que fueran en las elecciones de 2014, las propuestas del FAD y el MIREN.

Construyamos el Syriza y el Podemos de Panamá, antes que la burguesía panameña invente otro “Martinelli” que le robe el mandado a la izquierda.

 

Panamá, 6 de junio de 2015.

syrizapasok

Renta, electricidad y pueblos originarios

Juan Jované

jovajun@yahoo.com

La reciente reunión entre el Ejecutivo y la Comisión del Pueblo Ngäbe -Buglé, a la cual asistimos como asesores de esta última, merece una profunda reflexión, no solo en relación a la actitud sumisa del gobierno de turno frente a los poderes económicos y financieros externos y locales, sino que también sobre la forma en que se han venido entregando los recursos naturales del país.

En relación a la posición gubernamental, en primer lugar, llama la atención el hecho de que luego de haber aceptado, tal como aparece en el acta de la 10ma reunión de la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, una agenda de discusión en la que, de acuerdo al cuarto punto, se deberían discutir posibles y diversos escenarios, la representación del Ejecutivo decidió violar este acuerdo. En efecto, la delegación del gobierno, pese a que la Comisión Ngäbe – Buglé había propuesto discutir como primer punto la suspensión del proyecto, se circunscribió a anunciar la definitiva decisión gubernamental. De acuerdo a esta no solo se debería terminar de construir el proyecto con la ayuda de una especie de “project manager”, entendiendo, además, que una vez terminado el proceso de construcción la misma empresa que sistemáticamente ha venido violando los derechos humanos de la población originaria y las regulaciones ambientales del país, quedaría en posesión de la concesión y del proceso de generación eléctrica. De esto surge una pregunta: ¿Qué hay detrás de esta drástica decisión gubernamental?

Desde luego que parte de la respuesta está en la presencia de un gobierno temeroso, antinacional y carente de un efectivo sentido de solidaridad social, el cual es capaz de poner por delante la llamada “seguridad jurídica” del capital, aún cuando este visiblemente ha atentado contra los derechos humanos del pueblo originario, trasgrediendo, además, prácticamente todas la normativas ambientales del país. Esta repuesta, sin embargo, no es suficiente, por lo que debe complementarse con un análisis de los intereses económicos creados que están en juego en este problema. Esto permitirá evidenciar que la radical decisión del ejecutivo constituye una forma de defender dichos intereses creados.

Para comenzar, se debe recordar que, en base al llamado Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, el actual gobierno resulta ser el primer grupo de administradores de la cosa pública que en forma abierta y no solapada proponen constituir a Panamá, aún en contra de sus propias promesas de campaña, un país plenamente disponible para las actividades de la minería a cielo abierto, así como a los diversos y graves impactos ambientales que la misma origina. La vinculación con el problema que nos ocupa es clara: la minería es una actividad muy densa en términos de la utilización de energía eléctrica. El problema, sin embargo, no se agota en este aspecto.

Existe otra razón, también vinculada a la acumulación por desposesión y despojo, la que se vincula con las personas naturales o jurídicas específicas a las que se les entregan las concesiones. En efecto, la forma prácticamente gratuita en que los diversos gobiernos han venido entregando las concesiones hidroeléctricas constituyen una entrega deliberada, a nuestro juicio cargada de corrupción, del uso exclusivo de determinados recursos naturales. Esta entrega implica que los beneficiarios pueden apropiarse de manera regalada de la renta de la tierra, tanto en su forma relativa, absoluta, como monopólica. Se trata, para decirlo en los términos de Thorstein Veblen, de la cesión graciosa de un ingreso no ganado a los beneficiarios de dichas concesiones. También se trata, ahora utilizando el leguaje de la Economía Política, de la creación de una forma de capital ficticio que se entrega a los concesionarios, en condiciones que los mismos lo pueden usar, si así lo tienen a bien, con fines puramente especulativo.

Se evidencia, entonces, que el Gobierno Nacional, con su última propuesta, busca mantener y consolidar el modelo de desposesión que sobre los bienes públicos y los recursos naturales han venido aplicando las sucesivas administraciones gubernamentales. Se trata de un esquema en el que la creciente acumulación de riquezas por los sectores económicamente dominantes se realiza por medio de la rapiña y la negación de los derechos humanos de los pueblos originarios, así como los que corresponden al resto de la sociedad.

En este contexto la solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé es una necesidad inaplazable. En el éxito de su lucha se encuentra un punto de inflexión necesario para detener y revertir la política de saqueo que implica la aplicación de los preceptos de la política neoliberal. Ñagare Barro Blanco.

Panamá: Entre la represión y la resistencia

Por: Jonathan González Quiel

Desde la firma del Plan Puebla-Panamá, en junio de 2001, los habitantes del occidente del istmo han conocido la verdadera cara del sistema energético y sobre todo lo negativo que este modelo de desarrollo deja en las comunidades donde se implementaron los proyectos hidroeléctricos. Desde entonces comunidades campesinas e indígenas han tenido que defenderse para no perder sus recursos naturales, su territorio y su cultura. Una consecuencia de la implementación del Plan Puebla-Panamá es que la seguridad pública ha sido militarizada, respondiendo a los intereses ya predeterminados por los gobiernos neoliberales, y a la agenda de seguridad de los EEUU.

La presencia permanente del Comando Sur, del Comando Colombiano, y la inteligencia israelita, demuestran que los efectivos de la seguridad pública en Panamá no son policías comunes; tienen una formación militar muy completa, respondiendo a las órdenes de los superiores en el Órgano Ejecutivo.Las huelgas nacionales que se gestaron durante el período de gobierno de 2009 a 2014, fueron brutalmente reprimidas por estos militares y a pesar de la cantidad de denuncias, el sistema de impunidad demostró una vez más que la justicia está en manos de un sistema que inclina la balanza hacia los sectores del poder económico nacional e internacional.
Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009 a 2014) se cometieron una serie de abusos represivos contra
la sociedad civil organizada que luchaba por proteger los recursos naturales y los servicios públicos. Dichos abusos dejaron más de una decena de muertos y una cantidad numerosa de heridos, con pérdida parcial y total de visión, lesiones personales agravadas y heridas por perdigones, siendo estas documentadas por los medios de comunicación.

En julio de 2010, por ejemplo, se reprimió de forma violenta la protesta de trabajadores Ngäbe en la provincia de Changuinola, quienes estaban en contra de una nueva ley que debilita a los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esta represión dejó como resultado cuatro personas fallecidas, decenas de heridos, y dos personas con pérdida total de la vista. En febrero del 2011, se reprimió al pueblo Ngäbe que protestaba por la aprobación de una nueva ley que facilita la inversión extranjera en el sector minero. Sobre este mismo caso, el 5 de febrero de 2012, la policía nacional reprimió la protesta, dando como resultado los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez. Estos casos quedaron impunes a pesar de que el gobierno nacional en sus informes confirmaba la veracidad de los hechos.

Dichos sucesos fueron demandados ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente elevados a la CIDH. Aunque ninguno de los responsables oficiales ha sido condenado, los enfrentamientos terminaron con una mesa de diálogo conformada por miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino.

A pesar de estos avances, Panamá como Estado de derecho ha fracasado. Las demandas presentadas por los asesinatos de las protestas de febrero del 2012 se cierran y se archivan. Actualmente, se han aprobado un gran número de megaproyectos en el país donde no se ha respetado el derecho de consulta previa e informada de las comunidades que serán impactadas. Asimismo, las recientes reformas a las leyes ambientales, con tal de continuar con la política extractivista, nos demuestra que se sigue desplazando al campesino e indígena, generando conflictos sociales que llevan a la represión brutal por parte del gobierno.

Tomado de La revista el Derecho a Vivir en Paz http://www.soawlatina.org/documentos/revista5_2015.pdf

LA ASIGNATURA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMA Y EEUU

COMUNICADO

FRENTE PANAMA SOBERANA

LA ASIGNATURA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMA Y EEUU

El gobierno nacional acaba de sancionar la Ley 37 del 12 de mayo de 2015 mediante la cual reincorpora al currículo del sistema educativo panameño la asignatura de La historia de las relaciones de Panamá y EEUU. La ley fue el resultado de una lucha de sectores amplios de la sociedad panameña que repudiaron la eliminación de la materia en el período presidencial anterior. La ley dispone que la materia “debe profundizar los hechos que contribuyeron a fortalecer las bases de la Nación panameña”.

La cátedra de las Relaciones de Panamá y EEUU desapareció del currículo oficial en agosto de 2012, cuando el presidente Ricardo Martinelli y la ministra de Educación, Lucy Molinar (2009-2014), la eliminaron bajo el supuesto de que sería integrada a programas más generales. La medida generó un rechazo generalizado de académicos, organizaciones gremiales y del pueblo.

La historia de Panamá y, muy especialmente, las relaciones con EEUU, constituye un área que los sectores neoliberales y conservadores del país rechazan en la medida en que recoge las luchas populares por la consolidación nacional. Consideran que la asignatura de Historia de Panamá y, en particular, las relaciones con EEUU, reflejan un proceso que puede ‘incomodar’ a Washington. Como consecuencia, prefieren borrar de la memoria de los panameños toda mención de los conflictos entre los dos países. El pueblo panameño ha rescatado la figura heroica de Victoriano Lorenzo, fusilado en la antesala de la independencia de Panamá. Recuerda la represión de los trabajadores del Canal, del Movimiento Inquilinario y el rechazo del Tratado militar Filós-Hines.

Quizás lo que más molesta a los neoliberales y conservadores locales, incrustados en todos los gobiernos desde la Invasión, es la gesta de enero de 1964 cuando la juventud, encabezando un pueblo aguerrido, logró sentar las bases para que EEUU abandonara sus pretensiones colonialistas en el istmo. A la vez, este país arrió su bandera e hizo entrega del Canal de Panamá a los panameños.

También es urgente que la Universidad de Panamá, así como todos los centros de educación superior del país, incorporen esta asignatura al currículum de todas sus carreras. La historia del país ha sido sistemáticamente ignorada por los centros de estudios superiores. Error que debe corregirse, especialmente ahora que el país cuenta con una ley que apoya la identidad nacional y la enseñanza de su historia.

La historia de Panamá y sus relaciones con EEUU tienen que ser del conocimiento de nuestra juventud y ser objeto de debates para ofrecerle a las futuras generaciones de panameños los instrumentos que les permitan continuar construyendo la nación próspera, productiva e inclusiva que todos los panameños anhelamos.

Frente Panamá Soberana

25 de mayo de 2015.

El primer año del gobierno de Varela

El primer año del gobierno de Varela

Olmedo Beluche

La Prensa

| 20 may 2015 –

A poco de cumplirse el primer año del gobierno de Juan Carlos Varela corresponde hacer un balance de su gestión. Gobierno que se inició no solo con la derrota del régimen de Ricardo Martinelli y su partido, sino con un amplio acuerdo político que le ha permitido a Varela sumar a su gobierno, además de su aliado el Partido Popular, al Partido Revolucionario Democrático y a sectores específicos de la sociedad civil, independientes e incluso de la dirigencia sindical. Todos los que son corresponsables de la actual gestión.

Lo primero que llama la atención y más preocupa a los empresarios es la ralentización de la economía. La desaceleración es, en parte, imputable a la crisis internacional, pero en gran medida a la acción tortuguesca del gobierno de Varela. Pero eso no obedece solo a una característica personal del Presidente, sino a una férrea orientación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha ordenado “fortalecer el ahorro” a costa del gasto y la inversión (La Prensa, 8/5/2015).

Ese “ahorro” forzoso del gasto público, y el final de las mentiras publicitarias de Martinelli, es el que ha destapado la peor crisis de los servicios públicos que se recuerde. Ahora que los medios dejaron de hacerle eco a las falacias de las reformas educativas de la ministra Lucy Molinar, puede apreciarse el lamentable estado de todas las escuelas del país, incluso las que eran insignia, hace unas décadas.

¿La salud pública? Allí está el hospital Santo Tomás hecho un desastre, mientras que la Caja de Seguro Social sirvió para que algunos se embolsillaran 600 millones de dólares en una “Ciudad Hospitalaria” que no sirve para nada, mientras se carece de lo básico, para no hablar de los centros de salud en las comunidades. ¿Los servicios públicos de agua y alcantarillado? Pues, cada día los moradores de alguna comunidad salen a la calle para reclamar por “el vital líquido”. ¿La recolección de basura? Estado calamitoso, agravado en los distritos en que se privatizó el servicio, como San Miguelito.

Resolver estos graves problemas que, junto a la inflación (otra materia fracasada de Varela), empobrecen cada día más al pueblo panameño, requiere hacer lo contrario de lo que hace el actual gobierno, al obedecer los dictados del FMI. Se requiere una fuerte inversión en el sector social, y recortar los pagos a la deuda (que hay que auditar) y a las obras faraónicas.

Pero mientras no hay plata para las necesidades populares, el gobierno pretende indemnizar a la empresa que ha incumplido todos sus compromisos, la del Metro Bus.

Mientras los sectores empresariales, de manera irresponsable, se retiran y dejan sin pagar los pasivos laborales de los trabajadores (los de Petaquilla por ejemplo), el gobierno actúa de cómplice de esos sinvergüenzas. En vez apoyar a los más débiles –los asalariados–, en cada caso el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral parece ponerse del lado empresarial, como en el ferrocarril.

Pero hay que reconocer que en este año sí hay un avance: el del combate a la corrupción. Es la primera vez en la historia del país que se envía a la cárcel a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a media docena de altos cargos del gobierno de Martinelli. Pero ese optimismo se empaña por dos dudas: ¿La justicia alcanzará a los verdaderos miembros del “círculo cero” empresarial, quienes lucraron de los negocios o se quedará solo con los testaferros? Por otro lado, ¿hasta qué punto la justicia obedece a un anhelo popular y cuánto a una lucha de poder entre dos facciones de la oligarquía?

En fin, faltando cuatro años para los próximos comicios, el movimiento popular panameño tiene por delante el mismo reto de siempre: superar el infantilismo sectario, la desunión y construir una alternativa política que represente el “verdadero cambio” hacia una vida mejor que aspira la ciudadanía.

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Las razones de Victoriano Lorenzo

POSTER_Inmortal-01(Extracto de Tesis Doctoral)

Por Olmedo Beluche

Entre 1821 y la década de 1850,  el estado colombiano dictó innumerables leyes y decretos que reglamentaban la imposición de contribuciones. Muñoz Pinzón lista más de media docena de leyes expedidas sobre el tema de los impuestos que se aplicaron el Istmo, entre ellas: “el impuesto a la sed” (a los aguateros), al papel sellado, correos, sobre tonelaje de carga en barcos, registros documentales e hipotecarios, al comercio, a la actividad pecuaria (cinco centavos anuales por cada res y un peso por cada res consumida, 50 centavos por cada cerdo u oveja, ley de 17/10/1855), las salinas, “remate de paso” (por los ríos Santa María y La Villa),  etc.[i] 

Las cuantiosas cargas fiscales del imperio colonial español ya habían sido motivo de descontento durante el siglo XVIII en muchos lugares de América convirtiéndose en un aliciente de los movimientos independentistas. En el período colonial el impuesto que principalmente pesaba sobre las personas era el diezmo, literalmente se pagaba el 10% de los ingresos anuales. Originalmente, al inicio de la Edad Media europea, fue un impuesto que cobraba la Iglesia católica, pero en el siglo XVIII pasó a ser administrado por funcionarios de la Corona.

Durante los primeros años de la Independencia lo siguieron cobrando funcionarios del Estado, que eran los mismos terratenientes[ii], aunque cabe preguntarse respecto a la eficacia de este cobro y qué porcentaje de la población realmente lo pagaba, especialmente en los campos. En un intento de modernización de las cargas fiscales fue sustituido el diezmo por dos son las contribuciones que pesaron más contra los campesinos: la contribución directa (1821) y la contribución personal de indígenas (1825). 

La contribución directa consistía en el pago de 20 pesos anuales por persona, pagadero en efectivo o con trabajo (equivalente a 7 días por año), aplicable a los vecinos varones del municipio, con una lista confeccionada por las autoridades locales. El hecho de que, a mitad del siglo XIX, este impuesto constituía el principal ingreso de las administraciones provinciales se prestó para abusos por parte de los recaudadores locales, los regidores y los alcaldes quienes además tenían la potestad de imponer multas adicionales, que aumentaron el descontento, principalmente en la península de Azuero.

El otro aspecto que contribuyó a la cruenta guerra civil que fue creciendo a lo largo del siglo XIX, que adquiriría una dimensión particular en la Guerra de los Mil Días en el campo panameño, fue el robo de tierras de los resguardos y  tierras particulares de indígenas por parte de los terratenientes, así como los abusos reiterados de las autoridades locales para imponer la contribución personal indígena, consistente en una serie de trabajos forzosos para beneficio municipal  o de los hacendados.

Mario Molina Castillo explica que: “Luego de la Independencia de Panamá de España en 1821, se mantuvo un sistema colonial en las tierras de producción de los pueblos indígenas como Bugaba, Boquerón, San Pablo, Dolega, Gualaca, a los que se llamaba “El Común”; terrenos cultivados de maíz y plátano por las comunidades reducidas, desde el siglo XVIII.”[iii] Durante la segunda mitad del siglo XIX empezó el sistemático proceso de desalojo de estas comunidades indígenas y de despojo de sus tierras comunes a manos de los terratenientes ganaderos, según Molina. Ese proceso que muy bien describe Molina para Chiriquí se repitió a lo largo del Istmo.

Este otro tipo de abusos tuvo su región de conflicto en lo que se conoce como Coclé, cuyas dimensiones llegaban hasta Capira, hoy en la provincia de Panamá Oeste. Como ya hemos consignado anteriormente, Coclé, y particularmente Penonomé, constituyó la primera región en que tuvo relativo éxito el proceso de sometimiento de la población indígena y de aculturización, atrayéndolos a asentarse en poblados indígenas cercanos a poblados españoles para que fueran mano de obra disponible a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Pero también hemos visto que la ida al “interior” de los criollos panameños, a lo largo del siglo XVIII,  tuvo en Penonomé uno de sus lugares de asentamiento, desplazando a la población indígena o “chola” hacia la cordillera. Este proceso de desplazamiento y expropiación de tierras ejidales y particulares  continuará a lo largo del siglo XIX y derivará en la guerra campesino indígena liderada por Victoriano Lorenzo.

Antes de describir las pequeñas guerras campesinas que asolaron al sector agrario panameño, conviene tener presente que los conflictos de clase a lo largo de la centuria, a veces se presentaron directamente como luchas contra los impuestos y los abusos, como en Azuero en 1856; pero muchas veces se presentaron revestidos de un cariz político que lo encubría y del que algunos historiadores parecen no percatarse.

Por ejemplo, el valioso estudio de Armando Muñoz Pinzón, que hemos citado, demuestra que el grave conflicto de 1854, mediado incluso por asesinatos, que aparentemente es una disputa por el control de la Gobernación de la recién creada provincia de Azuero, entre las familias Goytía y Guardia, en realidad esconde un conflicto clasista entre latifundistas y minifundistas.

El sociólogo Milciadez Pinzón, realiza una interesante síntesis de la variedad de interpretaciones que a lo largo del tiempo han tenido los conflictos agrarios de la década de 1850 en aquella región: 1. Empieza con Juan B. Sosa, quien sólo visualiza un conflicto entre familias; 2. Para Rubén Carles O., se trató de un conflicto entre liberales y conservadores; 3. Es Hernán Porras el primero en percibir un conflicto de clase entre terratenientes y minifundistas; 4. Según Milciades Pinzón el estudio de Armando Muñoz es un salto hacia la precisión pues incorpora el conflicto de clase en el sentido del descontento popular con los impuestos; 5. Finalmente, menciona la interpretación de Marco Gandásegui, para el cual el detonante de la crisis es la competencia por el mercado de la zona de tránsito entre formas de producción distintas Veraguas vs Azuero[iv].

Lo que es más evidente hoy en día, es que las diversas guerras civiles entre liberales y conservadores, de las que hubo muchas en el siglo XIX panameño, en el campo expresaban un conflicto entre dos clases: los terratenientes y ganaderos  sostenedores del bando conservador, aliado a los conservadores del resto de Colombia de manera consecuente, identificado con las familias Fábrega, De la Guardia, Guardia; y el pequeño campesino precarista, siempre vinculado al bando liberal, identificado por líderes como los Goytía, Porras y Victoriano para los indígenas.

Sin embargo, el problema se vuelve complejo desde el punto de vista del programa liberal hispanoamericano y colombiano del siglo XIX, porque como bien señala Jorge Conte-Porras[v], a partir de la década del 50 éstos intentaron traspolar ideales europeos sobre una realidad distinta en América, con lo cual los resultados fueron desastrosos o contrarios al objetivo.

Por ejemplo, el intento de copiar el modelo francés de reforma agraria (que eliminó el latifundio francés entregando parcelas a los pequeños campesinos) en nuestro continente significó expropiar tierras colectivas de Resguardos indígenas y ejidos municipales que, a la postre acabaron en manos de los latifundistas. Otro tanto sucedió con la expropiación de las enormes tierras de la Iglesia Católica que fue a parar a los terratenientes fortaleciéndolos.

En el plano de los impuestos, el ideal de la descentralización política y el federalismo los llevó a entregar su administración y cobro a los Cabildos y autoridades locales, lo cual fue contraproducente, y empeoró las injusticias contra los campesinos pobres.

Por eso, en términos generales el programa liberal fracasó en Colombia y el resto de Hispanoamérica, transformándose en un beneficio para los enemigos de la causa liberal. Ahora bien, estas contradicciones no impidieron que las demandas del campesino pobre, así como de los artesanos y pobres urbanos, encontraran siempre cobijo bajo la bandera liberal, y para nada bajo la de los conservadores, a quienes veían como enemigos de clase y políticos.

Las principales figuras populares del siglo XIX panameño, todas fueron liberales: Pedro Goytía y después Demetrio Porras, representantes del minifundio de Azuero; Victoriano Lorenzo, representante de los indígenas, cholos y campesinos pobre de la cordillera coclesana; Buenaventura Correosos, representante del arrabal de Santa Ana en la ciudad de Panamá.

Veamos la lista de los conflictos y guerras civiles que asolaron el campo panameño a lo largo del siglo XIX que hemos podido recabar:

1. Como antecedentes, en el siglo XVIII, están las incontables sublevaciones y resistencias del pueblo Kuna, en las dos vertientes del Darién, los cuales no pudieron ser “pacificados” a lo largo del período colonial; en ese mismo siglo, las varias revueltas de diversos pueblos indígenas de la región de Chiriquí y Veraguas, que abandonaban y saqueaban las reducciones en las que aparentemente habían sido “pacificados”,en 1783 en Bugaba, 1788 en Tolé, 1805 en Santa Fe[vi] 

2. En el siglo XIX, la primera sublevación del campesinado azuerense es el “Grito de Independencia de La Villa de Los Santos”, del 10 de noviembre de 1821. Hecho que la historia oficial vincula a “sentimientos patrióticos”, pero cuyo móvil real e inmediato fue el descontento del campesinado pobre contra el avituallamiento forzoso del ejército español cada vez que marchaba a combatir a los independentistas en Sudamérica. El historiador Alfredo Castillero C. aporta nueva información que permite establecer que, en octubre de 1821, el capitán general Mourgeon impuso las últimas contribuciones forzosas de ganado y otros bienes de las cofradías, antes de partir con su ejército hacia Ecuador. El descontento campesino que esto produce da lugar a una proclama del natariego Francisco Gómez Miró seguida del pronunciamiento del Cabildo de Los Santos dirigido por Segundo Villamil, y es lo que explica que aquella región fuera la vanguardia en la independencia panameña[vii].

3. En 1827, en Los Santos, se produce una sublevación de 300 campesinos contra el pago de impuestos, según recoge el general bolivariano O’Leary en sus Memorias, las cuales cita Armando Muñoz Pinzón[viii].

4. En 1851 y 1852 se repiten disturbios en los departamentos de Herrera y Los Santos cuando la Cámara Provincial , mediante ley de 22 de abril de 1850, había sustituido el diezmo por la contribución directa[ix].

5. En 1854, se produce el conflicto por el control de la gobernación de la provincia de Azuero (creada en 1850), que comprendía los departamentos de Herrera y Los Santos. Aparentemente se basó en un acuerdo político, el gobernador José A. Sáez (liberal), y el vicegobernador Agustín Chiari (conservador). Pero ante un cáncer terminal que padecía el gobernador, el bando liberal decide remover a Chiari para imponer a Pedro Goytía (liberal) para que dirija de hecho la gobernación.

Los conservadores, con el apoyo del gobernador de Veraguas, Fábrega, deciden oponerse a la maniobra, intentan asesinar a Pedro Goytía, y luego son heridos dos funcionarios conservadores. En julio de 1854 se produce una invasión de 90 hombres procedente de Veraguas, que toma Parita pero es derrotada en los márgenes del río La Villa por campesinos armados en número de 400. Durante varias semanas se teme una invasión azuerense hacia Veraguas, pero ésta no se produce. Goytía es separado del cargo y, finalmente, desde Bogotá, el presidente encargado José de Obaldía, por iniciativa el senador conservador panameño, Santiago de la Guardia, decretan la supresión de la provincia de Azuero, entregando Herrera a la jurisdicción de Veraguas, y Los santos a la de Panamá[x].

6. En 1856, durante varios meses se suceden incidentes y rebeliones en los pueblos de la península de Azuero. La primera explosión popular sucede el 19 de enero, cuando una multitud de cien campesinos armados rodea la casa del prefecto de Pesé, José I. Rosa, para “que no se pagasen las contribuciones que estaban mandadas a cobrar; que solo estaban prontos a pagar diezmos y primicias...”[xi].

El movimiento se extendió a la vecina Ocú y a Parita, lugar este último donde la comunidad emitió un “Pedimento del Pueblo” que, entre otras cosas dice: “…Que ciendo estos pueblos desgraciados de pobresa y ciendo tantas las contribuciones del Estado, muy ecsorbitantes i los indicados pueblos no resisten las referidas contribuciones,…, salvandose algunos individuos de regular fortuna de la contribucion del estado, que de estos salga la contribucion[xii]

El Pedimento del pueblo de Parita es claro, no sólo las contribuciones son elevadas para sus capacidades, sino que hay individuos pudientes que escapan a su pago por ser allegados a las autoridades.

El 27 de enero, en Pesé, el pueblo detuvo y golpeó a todas las autoridades locales y saqueó la casa del cura José María Franco el cual era terrateniente, activista político y aliado de los Guardia y los Fábrega de Veraguas. La alarma cunde entre los latifundistas de Santiago, quienes llaman al vicegobernador del Estado Federal de Panamá, Francisco de Fábrega, para que se apersone con una fuerza represiva desde la ciudad de Panamá antes que el movimiento se extienda, pues provenían ecos de descontento de la región de Chiriquí y en la misma Veraguas, en San Francisco.

Fábrega llega con una numerosa tropa a Montijo el 4 de febrero y desde allí organiza una expedición punitiva que llega a Ocú y Pesé el 20 de febrero y a Los Santos el 22. Sin embargo, la actitud de los habitantes fue la de no confrontar al ejército del Estado, sino huir a los campos. Por ello, desde Los Santos el oficial Gil Colunje emite un informe en que se ufana de sofocar la rebelión “…sin disparar un fusil…”[xiii].

Pese a que el historiador Armando Muñoz P., al inicio del capítulo que narra la sublevación de 1856 ha destacado que en los manifiestos de los campesinos no hay ninguna mención a bandos políticos, sino al tema de los impuestos, las autoridades conservadoras enseguida culparon de lo sucedido a Pedro Goytía y sus huestes, como bien remarca en el siguiente capítulo. Así que el conflicto sí queda teñido por la lucha liberal – conservadora sobre todo en los juicios posteriores que se siguieron y en los que Goytía pagó con prisión y destierro[xiv].

Justamente, el 20 de marzo, estalla una nueva asonada en Los Santos por la detención y deportación de Pedro Goytía hacia la ciudad de Panamá. El 5 de abril 100, hombres armados rodean la casa del prefecto Villamil en Los Santos y se produce un tiroteo de 2 horas. El 27 de abril, es asesinado en el caminos entre Chitré y Los santos el agente fiscal José del C. Ríos.

El 25 de mayo, para tratar de calmar los ánimos el Cabildo de Los Santos emite un decreto reglamentando el cobro de la contribución directa de manera proporcional, desde 5 céntimos el menos pudiente hasta 3 pesos fuertes[xv]. Pese a ello, entre julio y agosto se produce una nueva revuelta en Pedasí, donde los campesinos se oponen a pagar impuestos.

Aunque el historiador presenta como un hecho disociado, nos parece que tiene relación directa con la revuelta campesina el asesinato del cura José María Franco en Macaracas, el día 9 de septiembre de 1856. Ese día, un grupo de campesinos dirigidos por Celedonio Castro se presentó a la iglesia donde esta oficiando el cura Franco, lo arrestó, lo condujo a la cárcel del pueblo, donde fue puesto en el cepo y luego asesinado a tiros. Las investigaciones presentaron el hecho como una venganza personal, por el cobro de una deuda, pero la historia personal del cura y que tuviera que huir al inicio de la sublevación relacionan su muerte con el descontento generalizado contra los latifundistas[xvi].

7. En 1858, aunque el reglamento del Cabildo de Los Santos de mayo de 1856 parecía haber calmado los ánimos, Armando Muñoz P. reseña un tumulto de campesinos que atacan al alcalde y al tesorero por el tema de los impuestos en la zona de Macaracas[xvii].

8. La crisis de 1860 a 1862, guerra liberal – conservadora de amplias repercusiones en Panamá que Jorge Conte-Porras aborda en mucho detalle, ya que el conflicto se extiende en el Istmo porque acá el gobierno conservador de Santiago de la Guardia procuró preservarse mientras los liberales asumían el poder en toda Colombia (Convenio de Colón)[xviii].

Lo interesante para el tema que nos ocupa es: 1. Que en la provincia de Coclé surge un liberalismo, encabezado por Isaacs Fernández Feo, que cuestiona el poder conservador de la familia latifundista de la región, lo De la Guardia; 2. Que José Joaquín Mosquera, presidente y cabeza del liberalismo colombiano, tuvo como eje de su gobierno el tema agrario, decretando el 20 de julio de 1861 la expropiación de los bienes de manos muertas en poder de la Iglesia y la devolución de las tierras de los Resguardos indígenas que habían sido apropiadas por los terratenientes ganaderos.

Derrotado el conservador Santiago de la Guardia y restaurado el gobierno liberal en el Istmo, empezaron las quejas de los terratenientes, como el propio José de Obaldía, denunciaba ser “despojado” de sus hatos ganaderos por los campesinos indígenas que se amparaban en las leyes dictadas por Mosquera. Es interesante hacer notar que en esta fase, hubo quejas hasta de los propios liberales terratenientes, como el mismísimo Pedro Goytía que, de líder de las masas desamparadas de Azuero, ahora se quejaba de las expropiaciones lanzadas por Mosquera[xix].

Sin embargo, el poder liberal duró poco en el Estado de Panamá, ya que mediante una maniobra en el Cabildo se autoproclamó presidente el conservador Gil Colunje en 1865, ordenando acciones punitivas contra los liberales insurrectos en la zona de Coclé. De manera que, un año después campesinos de Penonomé se quejaban mediante nota de los atropellos del Prefecto José Arjona.

Las medidas progresistas de Mosquera y los liberales finalizaron cuando Rafael Núñez, mediante una alianza de liberales moderados y conservadores, crea el movimiento de La Regeneración y, entre otras medidas, restituye a la Iglesia sus propiedades y prerrogativas.

9. Toda la década de 1890 está plagada de reclamos de las comunidades indígenas de Coclé contra los abusos de las autoridades especialmente en la imposición de trabajos forzados e ilegales. Conte-Porras cita una carta del obispo Fermín Jované (1890) que, prueba que está al tanto del problema, lo que no significa que haya hecho nada al respecto; un Memorial (30/1/1891) firmado por cien indígenas de Penonomé, entre ellos Victoriano Lorenzo, quejándose contra los abusos del regidor de Capira Pedro Hoyos obligándoles a pagar tributos a ese distrito cuando ellos vivían fuera de su jurisdicción; otra nota de los indígenas al obispo de Panamá sobre el mismo asunto; y otra de 1897 dirigida al Secretario de Gobierno de Colombia.

De manera que, cuando el 23 de julio de 1891, se suscita el conocido incidente en que el regidor de la Trinidad y El Cacao, Victoriano Lorenzo, mata en defensa propia al regidor de Capira Pedro Hoyos, estamos ante un hecho que parece aislado, pero que es un reflejo de una cadena de injusticias. Todos sabemos que Lorenzo purgó 9 años de cárcel sin que ninguna autoridad de las que estaba informada de la situación hiciera nada por defenderlo, igual que sucedería en 1903 cuando fue fusilado.

10. La cadena de hechos escritos abona el terreno para la explosión social que fue la Guerra de los Mil Días. De modo que, cuando esta estalla, el caudillo liberal azuerense, Belisario Porrras podía pensar: “¿Cómo no debían tener esos indios hambre de reparaciones? Son una raza de proscritos en la cordillera, a donde los arrincona cada día más la codicia torpe de la autoridad de nuestra tierra. Claro está que siendo ellos así, y nosotros descastados y filibusteros sin patria, había cierta similitud en nuestra común desgracia y bien podíamos hacerlos de nuestra propia mesnada[xx].

No vamos a detenernos en cómo se desarrolló la guerra, pues no es nuestro tema. Baste clarificar aquí que, en un artículo[xxi] hemos desarrollado la tesis de que la Guerra de los Mil Días tuvo en el Istmo de Panamá, dos fases: la primera, sintonizada políticamente con las demandas del liberalismo colombiano contra el gobierno de La Regeneración, que llega hasta la derrota del Puente de Calidonia (24 de julio de 1900); la segunda, que empieza la guerra indígeno-campesina contra los terratenientes, cuando Victoriano Lorenzo es nombrado general por 500 pobladores indignados por la quema de El Cacao, la destrucción de los cultivos y la violación de las mujeres (20 de octubre de 1900).

Victoriano Lorenzo abre la campaña contra el Gobierno por el saqueo del caserío de El Cacao. No habla de liberalismo y conservatismo. Es la lucha de los campesinos recluidos en las montañas que sufren la carga de los impuestos (incluyendo los diezmos y primicias), la escasez de alimentos y los ultrajes de las autoridades y de arrogantes oficiales militares[xxii].

Desde octubre de 1900 llevó la guerra a los terratenientes de Penonomé, cercando la ciudad y postrándola de hambre, sumando al campesinado de toda la región y aislando al gobierno conservador de la ciudad de Panamá del interior. Así se desarrolló la guerra hasta que, en noviembre de 1902, los liberales y conservadores de Panamá firmaron el Tratado del Wisconsin, por obligación impuesta por Estados Unidos para finiquitar las negociaciones sobre el canal, sin resolver ninguna de las demandas campesinas e indígenas.

Norteamericanos, autoridades y civiles conservadores, y los mismos liberales moderados veían en Victoriano un peligro que podía echar por tierra sus aspiraciones a un acuerdo canalero. Por esa razón fue traicionado por los dirigentes liberales, detenido desde noviembre de 1902, enjuiciado sumariamente cuando la negociación canalera estaba en su apogeo y fusilado sin poder defenderse el 15 de mayo de 1903.


[i] Ibid., Un estudio sobre historia social panameña. Las sublevaciones campesinas de Azuero en 1856.Págs. 25 – 42.

[ii] Figueroa Navarro, Alfredo.Dominio y sociedad en el Panamá colombiano. Op. cit. Pág. 106.

[iii] Molina Castillo, Mario. Chiriquí en sus fronteras de producción. Migraciones, poblamiento y evolución urbana e industrial 1750 – 1950. Impresos Modernos. Panamá, 2014.

[iv] Pinzón O., Milciades. “Conservadores, liberales y campesinos en Panamá. Una interpretación de los movimientos campesinos azuerenses de 1856“. En Revista Panameña de Sociología No. 3. Imprenta Universitaria. Panamá, 1987.

[v] Conte-Porras, Jorge. Meditaciones en torno a Victoriano Lorenzo. Impreandes, S.A. Santa fe de Bogotá, octubre de 1997. Págs. 158 – 159.

[vi] Castillero Calvo, Alfredo. Conquista, Evangelización y Resistencia. Op. cit.

[vii] Castillero Calvo, Alfredo. La independencia de 1821. Una nueva interpretación. En: Historia General de Panamá. Volumen II. El Siglo XIX. Comité Nacional del Centenario. Panamá, 2004.

[viii] Muñoz P., Armando. Op. Cit. Pág. 43.

[ix] Ibidem, Pág. 35.

[x] Ibid., Págs. 1 – 24.

[xi] Ibid. Págs. 43 – 44.

[xii] Ibid. Págs. 49 – 50.

[xiii] Ibid. Págs. 56 – 64.

[xiv] Ibid. Págs. 65 – 90.

[xv] Ibid. Pág. 85.

[xvi] Ibid. Págs. 91 – 107.

[xvii] Ibid. Pág. 89.

[xviii] Conte-Porras, Jorge. Op. cit. Págs. 157 – 209.

[xix] Ibidem, Pág. 170.

[xx] Ibid. Pág. 193.

[xxi] Beluche, Olmedo. El Cholo Guerrillero. Victoriano Lorenzo en la historia política panameña. Editorial Portobelo. Panamá, 2010.

[xxii] Vásquez Vásquez, Claudio. Mis memorias sobre el General Victoriano Lorenzo: relatos de viva voz del Tte. Col. Juan José Quirós Mendoza. 1900 – 1902. Segunda Edición. Imprenta ARTICSA. Panamá, 2003. Pág. 49.