Un estudio indispensable para comprender la crisis del agro panameño

Olmedo Beluche

(Hay muchas facetas que perdurarán de la vida de Marco Gandásegui entre quienes le conocimos, una de ellas es su aporte a las Ciencias Sociales panameñas. Como tributo a su legado académico traemos esta reseña sobre su libro “La fuerza de trabajo en el agro”, que fuera base para mi tesis doctoral)

La fuerza de trabajo en el agro. Experiencia de desarrollo capitalista en Panamá. (CELA, 2da. Edición. Panamá, 1990), del panameño Marco A. Gandásegui, constituye el primer estudio sociológico en profundidad de la evolución de las relaciones sociales en el campo panameño.

Si bien ha habido estudios de diversos alcances sobre la producción agropecuaria, ninguno se propuso un objetivo más totalizante que esta investigación producida por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA). La primera edición data de 1985, bajo la dirección de la Dra. Carmen Miró, y con la participación, además del autor, de William Hughes, Andrés Achong y Félix Mascarín.

La obra incluye cinco capítulos: I. Subsunción del trabajo en el capital; II. Campesino: productor paupérrimo o reserva de trabajo; III. Panamá, sociedad de transición; IV. La política del gobierno en el sector agrícola; V. Requerimientos globales de mano de obra. Un importante anexo de 36 páginas aborda un análisis histórico de las luchas sociales en el campo panameño durante los siglos XIX y XX, el surgimiento de las ligas campesinas, y las políticas de los partidos socialista y comunista que dirigieron esos conflictos.

El libro analiza el período que va de la década de 1960 a la de 1980, caracterizado por una disminución significativa de la población rural debido a la migración masiva al área metropolitana asociada a un crecimiento de la productividad y la producción, y una modificación en las relaciones sociales de producción. En este período las relaciones comunitarias o patriarcales “fueron reemplazadas por relaciones salariales. El valor del trabajo fue sustituido por el valor de la fuerza de trabajo” (Pág. 8).

Este proceso de transformaciones sociales se produce bajo la influencia del Código Agrario (1962), que establece los criterios del capitalismo panameño para el sector y, a contramano, encuentra la resistencia social del campesinado en la formación de Ligas Campesinas, forma de autoorganización de los pequeños precaristas para defender el acceso a la tierra; junto con la irrupción de una política social a través de cooperativas de productores, la más importante, la “Juan XXIII”, promovida por la iglesia Católica.

Todo ello en la década de 1960, a la que le seguiría la siguiente década bajo el régimen populista de Omar Torrijos, una continuidad de la promoción del sector agroindustrial (con específicas políticas proteccionistas), junto con una política social desde el Estado para tratar de amortiguar las contradicciones en el campo, con la llamada Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos (CONAC).

De la subsunción formal del “campesino paupérrimo” a la subsunción real del proletariado agrícola mal pagado.

Para explicar el paso del pequeño campesino precarista a semiproletario, o jornalero a medio tiempo para la agroindustria, el primer capítulo utiliza el concepto de subsunción formal y subsunción real del trabajo en el capital, proveniente de la teoría marxista (El Capital, Capítulo VI, Inédito. Siglo XXI).

El capital, como se sabe, tiene tres formas de explotar o extraer plusvalía del trabajo ajeno. La primera, es la explotación indirecta, en la que el productor sigue siendo dueño de sus medios de producción y relativamente autónomo, pero se ve sometido a la explotación del gran capital mediante diversos mecanismos, como los préstamos o el control de la comercialización.

La segunda es la subsunción formal, en la que campesino precarista mantiene una pequeña producción, pero se ve obligado a vender su fuera de trabajo de manera estacional para completar sus ingresos.

Y la tercera es la subsunción real, que constituye el momento propiamente capitalista de las relaciones sociales de producción, en la que el productor ha sido despojado por completo de los medios de producción y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario.

El concepto de subsunción permite entender si el campesino precarista, semiproletarizado, es un “productor paupérrimo”, que complementa con un salario temporal los ingresos de una producción agrícola que no le alcanza para satisfacer sus necesidades, o es un trabajador asalariado, que debe complementar sus ingresos con una producción parcial de su parcela. En el primer caso estaríamos ante una persistencia de formas de producción precapitalistas, subsumidas formalmente por el capital; en el segundo, ante una subsunción real o directa bajo un modo de producción predominantemente capitalista.

El predominio de una u otra forma de subsunción se expresa en mercados regionales de trabajo, en las que ambas se mezclan en diverso grado, dependiendo de la penetración que haya alcanzado el capital. Al respecto, dice el autor, ese grado de penetración del capital “define cuál es la modalidad predominante” (Pág. 44), aunque en el desarrollo del proceso se va imponiendo cada vez más la subsunción real.

Caída relativa de la agricultura y peso creciente de la agroindustria

Durante el período estudiado, la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto pasó de 27.1% en 1960, a 24.8% en 1965 y 21% en 1970. Esta tendencia se sostuvo, y en 1975 la participación del sector en el PIB descendió a 18,6%.

La década 1960 – 1970 fue de un gran dinamismo económico, con un crecimiento promedio anual del PIB del 8,1%. En ese marco general, la producción agropecuaria se expandió en promedió un 5,3% anual, muy por debajo del ritmo de crecimiento de la industria (11,1%) y del conjunto del sector no agrícola de la economía (8,9%).

En esta década, los sectores dinámicos que impulsaron al sector agropecuario fueron la producción bananera, la caña de azúcar y la ganadería (esta última se incrementó en un notable 62,5%). Esos sectores son los de la agroindustria, principalmente de exportación. Por el contrario, la producción de maíz y frijol de bejuco, centrada en medianos y pequeños productores, se vieron afectadas negativamente.

El período 1970-77 (año límite de estos datos) estuvo marcada por estancamiento de la economía mundial asociado a la llamada “crisis del petróleo”, que afectó a Panamá también. El ritmo de crecimiento del PIB panameño disminuyó a un promedio anual del 3,9% entre 1970 y 1975, mientras el sector financiero mantuvo un 12,9% anual.

En cambio, la producción industrial cayó drásticamente (1,3%), mientras el sector agropecuario alcanzaba un magro 1,6%. El banano y la importante expansión de la producción azucarera mediante la creación de ingenios estatales fueron los motores del sector agropecuario. Hubo también un importante el incremento en la producción de arroz para el mercado interno, concentrada en manos de productores de tamaño intermedio.

En el comercio exterior, el sector agropecuario pasó de representar el 69,1% del total en 1960 al 65,6% en 1970. De esos totales, el banano – exportado principalmente por Chiquita Brands -, representaba el 89,4% en 1960 y el 87,1% en 1970, mientras la exportación de azúcar refinada también era relevante. Todo ello confirma el peso de la agroindustria en la economía sectorial en detrimento de la mediana y pequeña producción.

Para Gandásegui, entre 1960 y 1970 se manifiesta “una leve tendencia hacia la mayor concentración de la tierra disponible por parte de las grandes explotaciones” (Pág. 89). La desigualdad social se aprecia en que, para 1971, el 16,3% de la tierra cultivable se concentra en el 1% de las explotaciones, mientras que el 51,7% de los agricultores disponía del 3,7% de la tierra cultivable (Pág. 86).

Lo anterior se vio reflejado en una disminución “drástica” de las ventas de productos provenientes de las pequeñas parcelas, menores a 20 ha. “El número total de las explotaciones disminuyó entre 1961 y 1971, en un 4 por ciento. En el mismo lapso, el número de fincas que efectuaban ventas decreció en un 17.5 por ciento. La disminución del número de fincas con ventas inferiores a B/. 500.00 fue del 24 por ciento” En cambio, las explotaciones con ventas superiores a B/. 500.00 se incrementaron “en un 33.4 por ciento” (Pág. 113).

El proceso de proletarización del campesinado panameño

La disminución del peso relativo de producción agropecuaria en el PIB coincide con una disminución relativa y absoluta de la mano de obra agrícola en el conjunto de la Población Económicamente Activa (PEA). En 1960, la fuerza de trabajo agrícola representaba el 50% de la PEA, y de allí pasó al 47,1% en 1965 y el 36,5% en 1970.

En 1960, el 41,2 % de la población rural se concentraba en explotaciones inferiores a 5 ha. En el 87,8% de las fincas, la fuerza de trabajo era exclusivamente humana, ocupada en una agricultura de subsistencia. El 59,2% de la fuerza de trabajo estaba integrada por trabajadores por cuenta propia, y solo el 14,1% por asalariados (Pág. 116).

La tendencia a la proletarización de la fuerza de trabajo agrícola se expresa en el hecho de que, si en 1960 sólo había 739 asalariados en el sector – equivalentes al 1,8% de la PEA nacional, en 1965 ya eran 1.322 y en 1969 uno 2.000. A mediados de la década siguiente, superaban los 15.000, en su mayor parte empleados temporales contratados para las zafras, concentrados en su mayoría en las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá.

En 1960, el 78,9 % de estos trabajadores recibían salarios inferiores los cien balboas mensuales. El salario promedio era de 80,29 balboas, y la mayoría se ubicaba en el tramo de los 50 a 75 balboas mensuales. A partir de 1965, se aprecia un incremento de los salarios. Para 1975, el tramo de los que ganaban menos de cien balboas pasó al 38,8%.

En este último año, el 41% se ubicaba en el tramo de entre 100 y 200 balboas mensuales que, sumados a los de cien balboas mensuales, abarcaban el 79,8% de la fuerza de trabajo agrícola. Con todo, el estudio no vincula el incremento absoluto de los salarios con el de la inflación característica del período, por lo que no debe deducirse a priori que se trate de un mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores (Págs. 124 -127).

Para 1975, la empresa bananera, United Brands o Chiquita, era la mayor empleadora de la fuerza de trabajo agrícola (aunque había y “bananeros independientes” la mayoría eran suplidores de Chiquita), con 11.176 trabajadores; mientras que los ingenios, principalmente estatales (Corporación La Victoria) empleaban alrededor de 5.400.

La política estatal del capitalismo panameño para el agro

La política del estado panameño para el sector agropecuario se materializó en el Código Agrario de 1962. El Código se enmarcó dentro la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica mediante la llamada “Alianza para el Progreso”, creada para enfrentar a la entonces naciente Revolución Cubana mediante la promoción de políticas sociales que desactivaran conflictos potencialmente desestabilizadores del orden vigente en la región. Esto impulsar una reforma agraria limitada, que atenuara las grandes desigualdades sociales que afectaban el campo latinoamericano.

La expedición del Código Agrario fue seguida en 1963 por la creación de una agencia estatal de Reforma Agraria, que debía legitimar la posesión de las tierras en manos de pequeños campesinos, para protegerlos del despojo a manos de la gran propiedad agraria. Sin embargo, esta política se hizo bajo un régimen jurídico que no resolvió el problema de fondo, que persiste hasta nuestros días.

En vez de otorgar títulos de propiedad jurídicamente válidos a los pequeños campesinos que demostraran el usufructo de sus tierras por un período de tiempo, la Reforma Agraria creó un régimen jurídico intermedio, denominado Título Posesorio, que brindaba un reconocimiento limitado a dichos campesinos, pero que carecía de verdadero reconocimiento por el mercado capitalista. En Panamá sólo la gran propiedad agraria posee Títulos de Propiedad, mientras que la gran masa de campesinos posee Títulos Posesorios, lo cual ha sido causa de conflictos hasta el presente.

Aunque el Código Agrario se proponía la volición “del acaparamiento de tierras incultas u ociosas con fines especulativos”, sus resultados fueron pobres, por no decir nulos. En 1968, se había expedido sólo el 9,7% de los títulos solicitados, que apenas representaban 44 mil ha. “Además, sólo se adquirieron para el fondo de tierras de la reforma agraria 14 fincas que representaban 11.068 hectáreas” (Pág.155), apenas el 2,3% del total de fondos de tierras que se había proyectado hasta 1977.

Un pequeño cambio se observa en la política agraria con posterioridad al Golpe de Estado de 1968, bajo el régimen populista del general Omar Torrijos. La Estrategia nacional para el desarrollo 1970-1980 presentada al país en 1971 se propuso aumentar la participación del sector agrícola en el PIB impulsando las exportaciones agropecuarias mediante una serie de políticas proteccionistas e incentivos. Este es el período de la historia republicana en que el Estado panameño se dotó de la más amplia política agropecuaria, cuyos alcances ayudaron a consolidar el proceso de expansión capitalista en el campo panameño, sin resolver las disparidades sociales, pese a incluir medidas de amortiguamiento de las mismas.

Las políticas económicas y sociales para el campo en la década torrijista incluyeron incentivos crediticios; fomento de la mecanización y la innovación tecnológica; exoneraciones fiscales; altas tasas arancelarias a importaciones de determinados productos; amplia inversión en caminos de penetración; apoyos a la comercialización, como el establecimiento de precios sostén para determinados rubros; la creación de empresas estatales en el rubro de los ingenios azucareros, que producían para el mercado nacional, y permitían a los ingenios privados producir para la exportación, y la entrega de tierras a precaristas bajo la forma jurídica de los Asentamientos Campesinos, para su explotación colectiva. Ni antes, ni después hubo una política más ambiciosa para el sector.

Todo ello se tradujo en una expansión productiva que logró la autosuficiencia en la producción de arroz, y una cobertura de la producción nacional en otros rubros de la canasta básica como azúcar, frijol y maíz. Sin embargo, las políticas proteccionistas declinarían a partir del impacto de la crisis económica mundial, en 1974, al punto de paralizar iniciativas como la expansión de los ingenios estatales, que entró en franca crisis en los años posteriores.

Gandásegui sintetiza los resultados de esta fase histórica en los siguientes términos:

En cuanto al sector del campesinado, aunque esta expansión del capitalismo en la agricultura creó asentamientos, juntas agrarias y cooperativas de producción agropecuaria, la masa campesina en su conjunto disminuyó debido al proceso de proletarización generado en el campo (Pág. 179).

El desarrollo de relaciones sociales capitalistas en el campo no resolvió la crisis de la pequeña producción, que siguió produciendo fuerza de trabajo para la agroindustria o la emigración urbana.

La transformación de las relaciones sociales de producción en el agro panameño (1960-78)

El capítulo V del libro se ocupa del proceso de transformación de las relaciones sociales de producción en el campo panameño, a partir de los criterios teóricos presentados en el primer capítulo sobre el proceso de subsunción del trabajo. Para ello, utiliza una metodología que calcula los requerimientos de “días/hombres” de trabajo en los 8 principales rubros de producción y por regiones productivas en el período que va de 1960 a 1978. Los rubros del estudio son: arroz, maíz, caña de azúcar, frijol, tomate, banano, plátano y café.

El análisis distingue entre los rubros en que la fuerza de trabajo ha sido subsumida realmente por el capital, como la producción de banano; aquellos en que hay una subsunción formal o parcial a través del trabajo estacionales, como la caña de azúcar, el tomate y el café, y aquellos en que la subsunción sigue siendo indirecta, como en las producciones de maíz y frijol.

Al respecto, se distinguen dos períodos. El primero, entre 1960 y 1970, en que la expansión capitalista en el agro tuvo un carácter “veloz” y operó mediante un proceso “más violento y desordenado”, y el ocurrido entre 1970 y 1978, en que el “reordenamiento impuesto por el gobierno frenó el desalojo irracional de la población campesina de sus tierras”, logrando retener a miles de familias en las áreas rurales, constituyéndolas como reserva de la fuerza de trabajo (Pág. 184).

Las conclusiones generales de la investigación demuestran el proceso de penetración de las relaciones producción capitalistas en el agro panameño en el período bajo estudio. Así, el Cuadro No. 75 muestra la evolución medida en “requerimientos de mano de obra, según tipo de subsunción, en miles de días/hombres de trabajo”, entre 1961 y 1978. En 1961, la subsunción indirecta demandaba el 46,3% de la fuerza de trabajo; la formal el 22,3%, y la real el 31,4%. En 1978, la indirecta reclamaba el 20,9% de la fuerza de trabajo; la formal, el 30,5%, y la real el 48,6%.

Lo anterior muestra un aumento sistemático del proceso de penetración de las relaciones sociales capitalistas en los procesos de trabajo del sector agropecuario panameño, que alcanzó a la mitad de la fuerza de trabajo al final del período estudiado. Las otras formas persisten, aunque en decadencia.

El Código Agrario y la penetración capitalista en el campo

En el Anexo, el autor identifica tres momentos históricos del conflicto social en el campo entre los siglos XIX y XX. El primero, a mediados del siglo XIX, coincide con la reactivación económica por la construcción del ferrocarril transístmico. Una pequeña guerra civil entre los pequeños productores de la región de Azuero y los grandes terratenientes de las provincias de Veraguas y Coclé, parece haber estado vinculada a la disputa por el control del abastecimiento de la zona de tránsito.

El segundo momento corresponde a la guerra civil de 1899 – 1903 – conocida como Guerra de los Mil Días (1899 -1903) -, cuando Panamá aún formaba parte de Colombia. Iniciada en Colombia como una disputa entre los partidos liberal y conservador por motivos esencialmente políticos, adquirió en Panamá la connotación de una guerra campesino-indígena contra los terratenientes, en la que los primeros defendían sus tierras de cultivo de las arbitrarias expropiaciones por los ganaderos, y de la carga de impuestos que les imponían el Estado y la Iglesia. Victoriano Lorenzo fue fusilado en 1903.

El tercer momento, ya en el siglo XX, de desarrolla entre las décadas de 1930 y 1960, cuando tiene lugar un proceso de organización y politización de los campesinos precaristas en conflicto con los terratenientes, con el apoyo del Partido Socialista y el Partido Comunista. En esta fase se producen grandes movilizaciones campesinas, dirigidas por el socialista Demetrio Porras, y ocurre un proceso de autoorganización que produjo decenas de Ligas Campesinas y cooperativas agrícolas, como la “Juan XXIII”, promovida desde la jerarquía de la Iglesia Católica, para contrarrestar la influencia de socialistas y comunistas.

Este proceso desembocaría en la década de 1970, bajo el régimen del general Torrijos, en el sistema de Asentamientos Campesinos, por el que se entregaban tierras nacionales y expropiadas (las menos) a campesinos precaristas para que las explotaran colectivamente con el apoyo en la comercialización del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Gandásegui estima que, pese a la influencia de los comunistas de mitad de siglo pasado en el campesinado precarista, éstos no tenían una comprensión correcta de la penetración del capitalismo en el campo panameño. Al respecto, plantea lo siguiente:

La dirección política del movimiento campesino adoptó la visión ideológica del Partido del Pueblo, que identificaba a los terratenientes como señores feudales. El error no le permitió a los campesinos, y a sus aliados, comprender la dirección de los acontecimientos.

Para el autor, lo ocurrido en Panamá no ha sido una lucha democrático-burguesa contra el feudalismo, sino un proceso de penetración y modernización capitalista del agro, que operado mediante la subsunción formal (o indirecta) al capital, que a su vez ha abierto paso a la subsunción real (o directa) al capital.

En el primer caso, aun cuando el campesino – pequeño, mediano o grande -, mantiene sus formas de trabajo y su propiedad sobre la tierra, es explotado por el capital indirectamente mediante las cadenas de comercialización y crédito. En el segundo, cuando el precarista ya no puede sostener a su familia con su trabajo directo sobre la tierra, o es despojado de su tierra por el ganadero terrateniente, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo como peón de las grandes haciendas o agroindustrias, o emigra a las ciudades en busca de compradores para la única mercancía de que dispone: su propia fuerza de trabajo.

Al respecto, dice Gandásegui, la izquierda del período no percibió que el propio Código Agrario de 1962 fue – y sigue siendo – la forma jurídica que adquirió el proceso de penetración capitalista en el campo. El Código Agrario, que se mantiene vigente hasta el momento con pocas modificaciones, creó la figura jurídica del “derecho posesorio”, que se le reconoce al campesino que trabajaba una parcela, pero carece de valor para acceder al crédito o al mercado de tierras capitalista.

En el sentido contrario, el Código Agrario permitió la expansión sin límites de los grandes propietarios y empresas amparados en supuestos proyectos productivos (150 hectáreas directamente, o más de 500 por medio de Decreto Ejecutivo), y formalizó la perniciosa práctica de la ganadería extensiva que daba a cada ganadero dos hectáreas por cabeza de ganado.

No es casual que el gobierno encubriera la política de reforma agraria con su velo popular. Los sectores que luchaban por una reforma agraria que beneficiara a los campesinos no comprendieron bien lo que ocurría. Concebían el sistema del asalariado (capitalista) en oposición a la ganadería (de rasgos feudales). Confundían la enfermedad con el “bisturí”. Era precisamente por medio del sistema de ganadería extensivo que se separaba rápidamente al campesino de la tierra. Era la forma más eficiente, además, de generar una amplia masa de fuerza de trabajo. En otras palabras, el Código Agrario de 1962 fue el instrumento que utilizó el desarrollo capitalista para abrirse paso en el agro sin contratiempos legales.

Los criterios expuestos por Gandásegui son válidos tanto para la década de 1960 como para el régimen de Omar Torrijos. Este mantuvo la vigencia del Código Agrario y porque todas sus medidas – que hoy podrían ser vistas como “progresivas” desde la óptica neoliberal vigente -, propiciaron el desarrollo consecuente del capitalismo en el agro panameño. Torrijos no construía el socialismo, ni la transición al mismo, sino el capitalismo dependiente panameño, con su mercado interno y su provisión de fuerza de trabajo, mediatizando sus peores contradicciones mediante una gestión social populista. No es casual que bajo su régimen Panamá pasara de ser un país mayormente rural a uno urbano.

Conclusiones

La fuerza de trabajo en el agro es, sin duda, una referencia obligada para cualquier investigación que pretenda actualizar el análisis del sector agropecuario de la economía panameña. En esa perspectiva, constituye un valioso antecedente para abordar el proceso de desarrollo del capitalismo en el agro más allá de las transformaciones en curso a partir de la década de 1980, que dieron lugar a la consolidación y ampliación de los resultados de dicho proceso.

La década de 1980, en efecto, estuvo marcada por la llamada “Crisis de la Deuda” latinoamericana, la imposición de los criterios económicos del “Consenso de Washington”, que abrió paso a la globalización neoliberal, con claras consecuencias para el sector agropecuario. Esa fue, también, la década en que tuvo lugar la crisis política del régimen del General Noriega. Así, el período, 1980-1990 requiere un análisis que establezca las tendencias en las relaciones sociales de producción en el agro panameño bajo el influjo de esos fenómenos.

La fase posterior a la Invasión de 1989 y el establecimiento del llamado régimen democrático se caracteriza por la consolidación del neoliberalismo en Panamá, en particular bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-97) y el ingreso del país a la Organización Mundial de Comercio. Todo ello dio lugar a una inflexión en las políticas económicas para el sector agropecuario.

A partir del año 2000, con la reversión del Canal, parece configurarse otro momento, con un esquema de acumulación centrado en el rentismo inmobiliario, de efectos muy específicos en la lucha por la propiedad de la tierra, en especial en zonas costeras, y en conflicto creciente que enfrenta a empresas mineras e hidroeléctricas con las pequeñas comunidades rurales y las etnias indígenas de tierras altas. En ese marco ocurre, en 2012, la entrada en vigencia del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, que abre un capítulo nuevo y turbulento en la historia de la producción agropecuaria panameña.

El libro de Gandásegui señaló un camino, y recorrió su primer tramo. Aún está pendiente la tarea de recorrer ese camino hasta el presente, y trazar sus alternativas de futuro.

Panamá, enero de 2013.

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