Por: Jonathan González Quiel

¿Has escuchado hablar de la «Conquista del Atlántico», Autopista Costa Nera y el desarrollo turístico en la Costa Atlántica? 

En las últimas décadas el gobierno nacional ha emprendido una serie de proyectos para el «desarrollo» de la conquista del atlántico, pero existe muy poca divulgación de estas iniciativas debido a su naturaleza de despojo y negocio irregular.

El pasado 10 de octubre de 2017,  se anuncia públicamente que la Asamblea  Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley N° 567 que segrega toda la zona costera de área protegida de Donoso, con el objetivo de desarrollar proyectos turísticos de proyección Internacional. Seguir leyendo ¿Qué esconde el gobierno Nacional detrás del proyecto de ley N° 567 y el proyecto de la «Conquista del Atlántico»? →

Por Olmedo Beluche

La Europa de hoy está viviendo un proceso semejante al de América Latina hace una década y poco más: los pueblos hartos de la miseria que impone el capitalismo neoliberal desde el FMI et. al., hartos de los corruptos partidos socialdemócratas, liberales y «populares» cuyas diferencias doctrinales se han borrado, esos pueblos están buscando y construyendo nuevos proyectos políticos que sean consecuentes con sus demandas de un mundo más justo y equitativo.

De esas experiencias políticas han surgido dos potentes movimientos construidos al calor de las luchas en las calles contra el neoliberalismo, Syriza en Grecia y Podemos en España.  Syriza fue electo al gobierno en 2014, después de que el pueblo griego rompiera con liberales y socialdemócratas que le exprimían para quedar bien con los banqueros alemanes. Podemos, acaba de surgir para convertirse en las elecciones regionales del mes pasado en la tercera fuerza política española ante el desprestigio del Partido Popular y el PSOE.

Aunque ni son copias, ni satélites de movimientos políticos latinoamericanos, si tienen en común con el Proceso Bolivariano de Hugo Chávez, con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y con el MAS de Evo Morales, que expresan la movilización popular contra el corrupto capitalismo neoliberal y los partidos tradicionales.

Tanto Podemos como Syriza, al igual que los movimientos políticos que llevaron al poder a Chávez, Evo y Correa, no son partidos que expresan a la izquierda tradicional (comunista). Su objetivo programático no es la construcción de una sociedad socialista, en el sentido leninista. Son movimientos que expresan la ruptura de las masas con las consecuencias del capitalismo neoliberal: desempleo, carestía, pobreza, desigualdad, pérdida de derechos, corrupción, etc.

Son movimientos revolucionarios porque expresan la voluntad y la acción política de millones de personas que se movilizan por el cambio de régimen, aunque no sean movimientos que hayan llegado a la conclusión de que el problema no es solo el gobierno o el régimen, sino el propio sistema capitalista. Pero ninguna revolución anterior empezó por esa comprensión «intelectual» de buscar una salida «histórica» a la sociedad actual.

Todas las revoluciones han iniciado, como los procesos actuales, en la lucha por la solución a los problemas concretos en que los pueblos rompen con los partidos tradicionales que le ataban su conciencia y su acción y empiezan a buscar nuevas alternativas que sean consecuentes con los cambios a los que aspiran.

Por eso son procesos revolucionarios, no por sus dirigentes o su programa, sino por la movilización de masas que los ha parido. Movilización que tiene hoy un grado de conciencia pero que, mientras no sea derrotada no ha cesado, con lo cual puede seguir madurando.

¿Qué mejor escuela política para los trabajadores griegos, y europeos, que ver cómo el gobierno de Tsipras intenta quedar bien con los bancos pagando le deuda pero con un plan de aumento de impuestos a los que más tienen, pero la «troika» (FMI, Banco Central Europeo Y Unión Europea) le exige seguir atacando los empleos públicos, los salarios y las jubilaciones?

En España, Podemos ha surgido de las acampadas de los «indignados» que llenaron las plazas para protestar contra el régimen que desahuciaba a la gente humilde de sus casas pero protegía y subvencionaba a los banqueros ladrones y corruptos. Los «indignados» con el régimen corrupto heredado del franquismo cuya careta de «democracia» de deshace ante cada acto de corrupción y ante cada medida de gobierno que atenta contra los trabajadores.

Si hablamos de disparidades sociales, de injusticia, de pobreza y desempleo crónicos (enmascarado como «cuentapropismo»), de privatizaciones, de saqueo al sistema de seguridad social, de pago de la deuda externa, de gobierno de plutócratas disfrazado de «democracia», de crisis institucional, de corrupción y desprestigio de partidos tradicionales, ¿No estamos hablando de Panamá?

Panamá sufre los mismos males sociales que nuestros hermanos de Sudamérica y que las clases trabajadoras europeas, gracias a la globalización neoliberal. El mundo ha sido unificado bajo la dictadura del capital financiero transnacional y nuestro país no escapa a esa realidad. Por eso tampoco puede escapar a las alternativas.

Estamos tarde, porque en 2005,  con las masivas movilizaciones en defensa de la Caja de Seguro Social, cuando Frenadesso era un movimiento amplio con apoyo de decenas de miles en las calles, hubo la oportunidad para transformarlo en ese movimiento político antineoliberal que el pueblo panameño quería para liderizar el cambio. La cortedad de miras, el sectarismo y otras lacras impidieron aprovechar la oportunidad.

Aunque diez años después las circunstancias son más difíciles, la necesidad sigue estando presente para constituir ese proyecto político de gobierno que exprese las demandas populares de cambio que el gobierno de Varela (ni el PRD, ni menos el CD) pueden producir. Al igual que Syriza y Podemos, el proyecto panameño debe ser amplio y democrático, y no puede quedarse en los límites de lo que fueran en las elecciones de 2014, las propuestas del FAD y el MIREN.

Construyamos el Syriza y el Podemos de Panamá, antes que la burguesía panameña invente otro «Martinelli» que le robe el mandado a la izquierda.

Panamá, 6 de junio de 2015.

Juan Jované

jovajun@yahoo.com

La reciente reunión entre el Ejecutivo y la Comisión del Pueblo Ngäbe -Buglé, a la cual asistimos como asesores de esta última, merece una profunda reflexión, no solo en relación a la actitud sumisa del gobierno de turno frente a los poderes económicos y financieros externos y locales, sino que también sobre la forma en que se han venido entregando los recursos naturales del país.

En relación a la posición gubernamental, en primer lugar, llama la atención el hecho de que luego de haber aceptado, tal como aparece en el acta de la 10ma reunión de la Mesa de Diálogo de Barro Blanco, una agenda de discusión en la que, de acuerdo al cuarto punto, se deberían discutir posibles y diversos escenarios, la representación del Ejecutivo decidió violar este acuerdo. En efecto, la delegación del gobierno, pese a que la Comisión Ngäbe – Buglé había propuesto discutir como primer punto la suspensión del proyecto, se circunscribió a anunciar la definitiva decisión gubernamental. De acuerdo a esta no solo se debería terminar de construir el proyecto con la ayuda de una especie de “project manager”, entendiendo, además, que una vez terminado el proceso de construcción la misma empresa que sistemáticamente ha venido violando los derechos humanos de la población originaria y las regulaciones ambientales del país, quedaría en posesión de la concesión y del proceso de generación eléctrica. De esto surge una pregunta: ¿Qué hay detrás de esta drástica decisión gubernamental?

Desde luego que parte de la respuesta está en la presencia de un gobierno temeroso, antinacional y carente de un efectivo sentido de solidaridad social, el cual es capaz de poner por delante la llamada “seguridad jurídica” del capital, aún cuando este visiblemente ha atentado contra los derechos humanos del pueblo originario, trasgrediendo, además, prácticamente todas la normativas ambientales del país. Esta repuesta, sin embargo, no es suficiente, por lo que debe complementarse con un análisis de los intereses económicos creados que están en juego en este problema. Esto permitirá evidenciar que la radical decisión del ejecutivo constituye una forma de defender dichos intereses creados.

Para comenzar, se debe recordar que, en base al llamado Plan Estratégico de Gobierno 2015 – 2019, el actual gobierno resulta ser el primer grupo de administradores de la cosa pública que en forma abierta y no solapada proponen constituir a Panamá, aún en contra de sus propias promesas de campaña, un país plenamente disponible para las actividades de la minería a cielo abierto, así como a los diversos y graves impactos ambientales que la misma origina. La vinculación con el problema que nos ocupa es clara: la minería es una actividad muy densa en términos de la utilización de energía eléctrica. El problema, sin embargo, no se agota en este aspecto.

Existe otra razón, también vinculada a la acumulación por desposesión y despojo, la que se vincula con las personas naturales o jurídicas específicas a las que se les entregan las concesiones. En efecto, la forma prácticamente gratuita en que los diversos gobiernos han venido entregando las concesiones hidroeléctricas constituyen una entrega deliberada, a nuestro juicio cargada de corrupción, del uso exclusivo de determinados recursos naturales. Esta entrega implica que los beneficiarios pueden apropiarse de manera regalada de la renta de la tierra, tanto en su forma relativa, absoluta, como monopólica. Se trata, para decirlo en los términos de Thorstein Veblen, de la cesión graciosa de un ingreso no ganado a los beneficiarios de dichas concesiones. También se trata, ahora utilizando el leguaje de la Economía Política, de la creación de una forma de capital ficticio que se entrega a los concesionarios, en condiciones que los mismos lo pueden usar, si así lo tienen a bien, con fines puramente especulativo.

Se evidencia, entonces, que el Gobierno Nacional, con su última propuesta, busca mantener y consolidar el modelo de desposesión que sobre los bienes públicos y los recursos naturales han venido aplicando las sucesivas administraciones gubernamentales. Se trata de un esquema en el que la creciente acumulación de riquezas por los sectores económicamente dominantes se realiza por medio de la rapiña y la negación de los derechos humanos de los pueblos originarios, así como los que corresponden al resto de la sociedad.

En este contexto la solidaridad con el pueblo Ngäbe Buglé es una necesidad inaplazable. En el éxito de su lucha se encuentra un punto de inflexión necesario para detener y revertir la política de saqueo que implica la aplicación de los preceptos de la política neoliberal. Ñagare Barro Blanco.

Por: Jonathan González Quiel

Desde la firma del Plan Puebla-Panamá, en junio de 2001, los habitantes del occidente del istmo han conocido la verdadera cara del sistema energético y sobre todo lo negativo que este modelo de desarrollo deja en las comunidades donde se implementaron los proyectos hidroeléctricos. Desde entonces comunidades campesinas e indígenas han tenido que defenderse para no perder sus recursos naturales, su territorio y su cultura. Una consecuencia de la implementación del Plan Puebla-Panamá es que la seguridad pública ha sido militarizada, respondiendo a los intereses ya predeterminados por los gobiernos neoliberales, y a la agenda de seguridad de los EEUU.

La presencia permanente del Comando Sur, del Comando Colombiano, y la inteligencia israelita, demuestran que los efectivos de la seguridad pública en Panamá no son policías comunes; tienen una formación militar muy completa, respondiendo a las órdenes de los superiores en el Órgano Ejecutivo.Las huelgas nacionales que se gestaron durante el período de gobierno de 2009 a 2014, fueron brutalmente reprimidas por estos militares y a pesar de la cantidad de denuncias, el sistema de impunidad demostró una vez más que la justicia está en manos de un sistema que inclina la balanza hacia los sectores del poder económico nacional e internacional.
Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009 a 2014) se cometieron una serie de abusos represivos contra
la sociedad civil organizada que luchaba por proteger los recursos naturales y los servicios públicos. Dichos abusos dejaron más de una decena de muertos y una cantidad numerosa de heridos, con pérdida parcial y total de visión, lesiones personales agravadas y heridas por perdigones, siendo estas documentadas por los medios de comunicación.

En julio de 2010, por ejemplo, se reprimió de forma violenta la protesta de trabajadores Ngäbe en la provincia de Changuinola, quienes estaban en contra de una nueva ley que debilita a los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esta represión dejó como resultado cuatro personas fallecidas, decenas de heridos, y dos personas con pérdida total de la vista. En febrero del 2011, se reprimió al pueblo Ngäbe que protestaba por la aprobación de una nueva ley que facilita la inversión extranjera en el sector minero. Sobre este mismo caso, el 5 de febrero de 2012, la policía nacional reprimió la protesta, dando como resultado los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez. Estos casos quedaron impunes a pesar de que el gobierno nacional en sus informes confirmaba la veracidad de los hechos.

Dichos sucesos fueron demandados ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente elevados a la CIDH. Aunque ninguno de los responsables oficiales ha sido condenado, los enfrentamientos terminaron con una mesa de diálogo conformada por miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino.

A pesar de estos avances, Panamá como Estado de derecho ha fracasado. Las demandas presentadas por los asesinatos de las protestas de febrero del 2012 se cierran y se archivan. Actualmente, se han aprobado un gran número de megaproyectos en el país donde no se ha respetado el derecho de consulta previa e informada de las comunidades que serán impactadas. Asimismo, las recientes reformas a las leyes ambientales, con tal de continuar con la política extractivista, nos demuestra que se sigue desplazando al campesino e indígena, generando conflictos sociales que llevan a la represión brutal por parte del gobierno.

Tomado de La revista el Derecho a Vivir en Paz http://www.soawlatina.org/documentos/revista5_2015.pdf