Boletín N°22: “Protesta Social, Represión y Militarización en el Abya Yala”

Descargar boletín aquí: http://somosunaamerica.org/wp-content/uploads/2020/11/BOLETIN_22.pdf

La militarización en Abya Yala ha sido un requisito constante para que el saqueo de los territorios no sea interrumpido por las revueltas populares. Actualmente los pueblos y comunidades viven la reestructuración de la acumulación capitalista bajo el horizonte de la pandemia; mientras abajo se organizaba la lucha por la vida, el arriba continuó ofertando muerte. Por un lado, se evidenció crudamente que el cuidado de la salud no es una alternativa para la clase trabajadora, a quien siempre se le obligó a cumplir sus funciones en el espacio público. El aumento de la presencia policial en las calles no obedece al cuidado de la salud colectiva, sino a la fiscalización y control de los cuerpos, cayendo en una lógica macabra de violaciones flagrantes a la dignidad humana, con casos de desaparición forzada bajo este contexto en Argentina. Por otro lado, el impulso que los estados nacionales dieron al despojo de tierras, recursos y derechos de los pueblos, en el marco de la pandemia global, desbordó la rabia digna de comunidades y barrios. Pese a los riesgos sanitarios, se ha tomado la calle para defender la vida digna, el territorio y la memoria.

​En este boletín se recogen algunas voces que nos abren el corazón para que a través de la palabra podamos conectarnos con las diversas geografías que aquí confluyen. La diversidad del pensamiento nos enriquece y nos obliga a repensar nuestra América, ya que los matices en que se articula el saqueo, la militarización y la represión en cada territorio nos permitirá comprendernos en una dimensión mayor y mucho más compleja. De la mano de discursos reaccionarios o acompañado de una retórica social, la militarización de los territorios en favor de la acumulación del capital no ha frenado en Abya Yala. Al contrario, se ha empoderado económicamente a las fuerzas castrenses para que amplíen sus labores bajo la justificación de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Quienes defienden el territorio son testigxs de cómo las fuerzas del “orden” acompañan y protegen la ocupación territorial que llevan a cabo empresas extractivas que saquean el agua, la madera, los minerales y demás recursos de las comunidades, como lo narra la compañera de El Salvador. 

​El territorio de Wallmapu y sus protectores viven diariamente la persecución que ejerce el Estado a través de los cuerpos policiacos y militares, encarcelando, violando y asesinando a quienes resisten y luchan por seguir ocupando los territorios ancestrales. La serie de violaciones a los Derechos Humanos, que cometieron los carabineros en el marco de la revuelta popular chilena, para el pueblo Mapuche es parte de su cotidianidad. Sin embargo y pese a la brutalidad con que intentan frenar la organización en pueblos y barrios, el triunfo en Chile es la recuperación de aquello que creían haber asesinado en tiempos de dictadura: la solidaridad. En Colombia, ya son tantos lxs defensorxs del territorio asesindxs por las fuerzas del paramilitarismo y por acción y omisión de las fuerzas públicas, que las cuentas numéricas aumentan pero no reflejan el drama colectivo de los pueblos constantemente masacrados y revictimizados por el Estado y las fuerzas reaccionarias. La Minga llega a la capital en un contexto marcado por las revueltas de la indignación en la ciudad por la represión policiaca. Con su sola presencia los pueblos nominan la indignidad de quien se dice gobernar desde casa Nariño y únicamente es un esbirro más de la guerra y de la muerte. 

​ La comunidad Otomí en la Ciudad de México ocupó las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas, para pedir se respete su derecho a la vivienda y a seguir existiendo como pueblos. Migrantes de sus comunidades, producto de los despojos sistemáticos de tierras y recursos, los pueblos originarios no dejan de padecer en las ciudades el exterminio, el desprecio y además la burla de los distintos niveles de gobierno, que hasta ahora no dan la cara frente a la ocupación del INPI. Este hecho se da en un contexto de fuerte cerco militar y paramilitar en diversos territorios originarios, lo cual evidencia que la lógica del actual gobierno continúa siendo preceder el despojo con la militarización y exterminio de los pueblos. En Guerrero, otro de los estados con mayor presencia de mineras canadienses, las comunidades indígenas y campesinas se enfrentan a la doble amenaza: la pandemia y el despojo violento de sustierras, tal como denuncia REMA en la nota incluida en el boletín.

​Esperamos que con este esfuerzo podamos acercar las luchas y resistencias en los múltiples rincones de nuestra Abya Yala. La lucha por la vida transita los caminos contra la militarización de los territorios y le apuesta a la posibilidad de tejer espacios donde ningún pueblo sea masacrado por existir y defender sus tierras ni ninguna persona sea nunca más asesinada o violada o desaparecida por carabineros o militares.

¡Por la memoria y dignidad de nuestros pueblos!

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