Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009 a 2014) se cometieron una serie de abusos represivos contra
la sociedad civil organizada que luchaba por proteger los recursos naturales y los servicios públicos. Dichos abusos dejaron más de una decena de muertos y una cantidad numerosa de heridos, con pérdida parcial y total de visión, lesiones personales agravadas y heridas por perdigones, siendo estas documentadas por los medios de comunicación.

En julio de 2010, por ejemplo, se reprimió de forma violenta la protesta de trabajadores Ngäbe en la provincia de Changuinola, quienes estaban en contra de una nueva ley que debilita a los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esta represión dejó como resultado cuatro personas fallecidas, decenas de heridos, y dos personas con pérdida total de la vista. En febrero del 2011, se reprimió al pueblo Ngäbe que protestaba por la aprobación de una nueva ley que facilita la inversión extranjera en el sector minero. Sobre este mismo caso, el 5 de febrero de 2012, la policía nacional reprimió la protesta, dando como resultado los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez. Estos casos quedaron impunes a pesar de que el gobierno nacional en sus informes confirmaba la veracidad de los hechos.