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LA ASIGNATURA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMA Y EEUU

COMUNICADO

FRENTE PANAMA SOBERANA

LA ASIGNATURA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMA Y EEUU

El gobierno nacional acaba de sancionar la Ley 37 del 12 de mayo de 2015 mediante la cual reincorpora al currículo del sistema educativo panameño la asignatura de La historia de las relaciones de Panamá y EEUU. La ley fue el resultado de una lucha de sectores amplios de la sociedad panameña que repudiaron la eliminación de la materia en el período presidencial anterior. La ley dispone que la materia “debe profundizar los hechos que contribuyeron a fortalecer las bases de la Nación panameña”.

La cátedra de las Relaciones de Panamá y EEUU desapareció del currículo oficial en agosto de 2012, cuando el presidente Ricardo Martinelli y la ministra de Educación, Lucy Molinar (2009-2014), la eliminaron bajo el supuesto de que sería integrada a programas más generales. La medida generó un rechazo generalizado de académicos, organizaciones gremiales y del pueblo.

La historia de Panamá y, muy especialmente, las relaciones con EEUU, constituye un área que los sectores neoliberales y conservadores del país rechazan en la medida en que recoge las luchas populares por la consolidación nacional. Consideran que la asignatura de Historia de Panamá y, en particular, las relaciones con EEUU, reflejan un proceso que puede ‘incomodar’ a Washington. Como consecuencia, prefieren borrar de la memoria de los panameños toda mención de los conflictos entre los dos países. El pueblo panameño ha rescatado la figura heroica de Victoriano Lorenzo, fusilado en la antesala de la independencia de Panamá. Recuerda la represión de los trabajadores del Canal, del Movimiento Inquilinario y el rechazo del Tratado militar Filós-Hines.

Quizás lo que más molesta a los neoliberales y conservadores locales, incrustados en todos los gobiernos desde la Invasión, es la gesta de enero de 1964 cuando la juventud, encabezando un pueblo aguerrido, logró sentar las bases para que EEUU abandonara sus pretensiones colonialistas en el istmo. A la vez, este país arrió su bandera e hizo entrega del Canal de Panamá a los panameños.

También es urgente que la Universidad de Panamá, así como todos los centros de educación superior del país, incorporen esta asignatura al currículum de todas sus carreras. La historia del país ha sido sistemáticamente ignorada por los centros de estudios superiores. Error que debe corregirse, especialmente ahora que el país cuenta con una ley que apoya la identidad nacional y la enseñanza de su historia.

La historia de Panamá y sus relaciones con EEUU tienen que ser del conocimiento de nuestra juventud y ser objeto de debates para ofrecerle a las futuras generaciones de panameños los instrumentos que les permitan continuar construyendo la nación próspera, productiva e inclusiva que todos los panameños anhelamos.

Frente Panamá Soberana

25 de mayo de 2015.

El primer año del gobierno de Varela

El primer año del gobierno de Varela

Olmedo Beluche

La Prensa

| 20 may 2015 –

A poco de cumplirse el primer año del gobierno de Juan Carlos Varela corresponde hacer un balance de su gestión. Gobierno que se inició no solo con la derrota del régimen de Ricardo Martinelli y su partido, sino con un amplio acuerdo político que le ha permitido a Varela sumar a su gobierno, además de su aliado el Partido Popular, al Partido Revolucionario Democrático y a sectores específicos de la sociedad civil, independientes e incluso de la dirigencia sindical. Todos los que son corresponsables de la actual gestión.

Lo primero que llama la atención y más preocupa a los empresarios es la ralentización de la economía. La desaceleración es, en parte, imputable a la crisis internacional, pero en gran medida a la acción tortuguesca del gobierno de Varela. Pero eso no obedece solo a una característica personal del Presidente, sino a una férrea orientación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha ordenado “fortalecer el ahorro” a costa del gasto y la inversión (La Prensa, 8/5/2015).

Ese “ahorro” forzoso del gasto público, y el final de las mentiras publicitarias de Martinelli, es el que ha destapado la peor crisis de los servicios públicos que se recuerde. Ahora que los medios dejaron de hacerle eco a las falacias de las reformas educativas de la ministra Lucy Molinar, puede apreciarse el lamentable estado de todas las escuelas del país, incluso las que eran insignia, hace unas décadas.

¿La salud pública? Allí está el hospital Santo Tomás hecho un desastre, mientras que la Caja de Seguro Social sirvió para que algunos se embolsillaran 600 millones de dólares en una “Ciudad Hospitalaria” que no sirve para nada, mientras se carece de lo básico, para no hablar de los centros de salud en las comunidades. ¿Los servicios públicos de agua y alcantarillado? Pues, cada día los moradores de alguna comunidad salen a la calle para reclamar por “el vital líquido”. ¿La recolección de basura? Estado calamitoso, agravado en los distritos en que se privatizó el servicio, como San Miguelito.

Resolver estos graves problemas que, junto a la inflación (otra materia fracasada de Varela), empobrecen cada día más al pueblo panameño, requiere hacer lo contrario de lo que hace el actual gobierno, al obedecer los dictados del FMI. Se requiere una fuerte inversión en el sector social, y recortar los pagos a la deuda (que hay que auditar) y a las obras faraónicas.

Pero mientras no hay plata para las necesidades populares, el gobierno pretende indemnizar a la empresa que ha incumplido todos sus compromisos, la del Metro Bus.

Mientras los sectores empresariales, de manera irresponsable, se retiran y dejan sin pagar los pasivos laborales de los trabajadores (los de Petaquilla por ejemplo), el gobierno actúa de cómplice de esos sinvergüenzas. En vez apoyar a los más débiles –los asalariados–, en cada caso el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral parece ponerse del lado empresarial, como en el ferrocarril.

Pero hay que reconocer que en este año sí hay un avance: el del combate a la corrupción. Es la primera vez en la historia del país que se envía a la cárcel a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a media docena de altos cargos del gobierno de Martinelli. Pero ese optimismo se empaña por dos dudas: ¿La justicia alcanzará a los verdaderos miembros del “círculo cero” empresarial, quienes lucraron de los negocios o se quedará solo con los testaferros? Por otro lado, ¿hasta qué punto la justicia obedece a un anhelo popular y cuánto a una lucha de poder entre dos facciones de la oligarquía?

En fin, faltando cuatro años para los próximos comicios, el movimiento popular panameño tiene por delante el mismo reto de siempre: superar el infantilismo sectario, la desunión y construir una alternativa política que represente el “verdadero cambio” hacia una vida mejor que aspira la ciudadanía.

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Las razones de Victoriano Lorenzo

POSTER_Inmortal-01(Extracto de Tesis Doctoral)

Por Olmedo Beluche

Entre 1821 y la década de 1850,  el estado colombiano dictó innumerables leyes y decretos que reglamentaban la imposición de contribuciones. Muñoz Pinzón lista más de media docena de leyes expedidas sobre el tema de los impuestos que se aplicaron el Istmo, entre ellas: “el impuesto a la sed” (a los aguateros), al papel sellado, correos, sobre tonelaje de carga en barcos, registros documentales e hipotecarios, al comercio, a la actividad pecuaria (cinco centavos anuales por cada res y un peso por cada res consumida, 50 centavos por cada cerdo u oveja, ley de 17/10/1855), las salinas, “remate de paso” (por los ríos Santa María y La Villa),  etc.[i] 

Las cuantiosas cargas fiscales del imperio colonial español ya habían sido motivo de descontento durante el siglo XVIII en muchos lugares de América convirtiéndose en un aliciente de los movimientos independentistas. En el período colonial el impuesto que principalmente pesaba sobre las personas era el diezmo, literalmente se pagaba el 10% de los ingresos anuales. Originalmente, al inicio de la Edad Media europea, fue un impuesto que cobraba la Iglesia católica, pero en el siglo XVIII pasó a ser administrado por funcionarios de la Corona.

Durante los primeros años de la Independencia lo siguieron cobrando funcionarios del Estado, que eran los mismos terratenientes[ii], aunque cabe preguntarse respecto a la eficacia de este cobro y qué porcentaje de la población realmente lo pagaba, especialmente en los campos. En un intento de modernización de las cargas fiscales fue sustituido el diezmo por dos son las contribuciones que pesaron más contra los campesinos: la contribución directa (1821) y la contribución personal de indígenas (1825). 

La contribución directa consistía en el pago de 20 pesos anuales por persona, pagadero en efectivo o con trabajo (equivalente a 7 días por año), aplicable a los vecinos varones del municipio, con una lista confeccionada por las autoridades locales. El hecho de que, a mitad del siglo XIX, este impuesto constituía el principal ingreso de las administraciones provinciales se prestó para abusos por parte de los recaudadores locales, los regidores y los alcaldes quienes además tenían la potestad de imponer multas adicionales, que aumentaron el descontento, principalmente en la península de Azuero.

El otro aspecto que contribuyó a la cruenta guerra civil que fue creciendo a lo largo del siglo XIX, que adquiriría una dimensión particular en la Guerra de los Mil Días en el campo panameño, fue el robo de tierras de los resguardos y  tierras particulares de indígenas por parte de los terratenientes, así como los abusos reiterados de las autoridades locales para imponer la contribución personal indígena, consistente en una serie de trabajos forzosos para beneficio municipal  o de los hacendados.

Mario Molina Castillo explica que: “Luego de la Independencia de Panamá de España en 1821, se mantuvo un sistema colonial en las tierras de producción de los pueblos indígenas como Bugaba, Boquerón, San Pablo, Dolega, Gualaca, a los que se llamaba “El Común”; terrenos cultivados de maíz y plátano por las comunidades reducidas, desde el siglo XVIII.”[iii] Durante la segunda mitad del siglo XIX empezó el sistemático proceso de desalojo de estas comunidades indígenas y de despojo de sus tierras comunes a manos de los terratenientes ganaderos, según Molina. Ese proceso que muy bien describe Molina para Chiriquí se repitió a lo largo del Istmo.

Este otro tipo de abusos tuvo su región de conflicto en lo que se conoce como Coclé, cuyas dimensiones llegaban hasta Capira, hoy en la provincia de Panamá Oeste. Como ya hemos consignado anteriormente, Coclé, y particularmente Penonomé, constituyó la primera región en que tuvo relativo éxito el proceso de sometimiento de la población indígena y de aculturización, atrayéndolos a asentarse en poblados indígenas cercanos a poblados españoles para que fueran mano de obra disponible a lo largo de los siglos XVI y XVII.

Pero también hemos visto que la ida al “interior” de los criollos panameños, a lo largo del siglo XVIII,  tuvo en Penonomé uno de sus lugares de asentamiento, desplazando a la población indígena o “chola” hacia la cordillera. Este proceso de desplazamiento y expropiación de tierras ejidales y particulares  continuará a lo largo del siglo XIX y derivará en la guerra campesino indígena liderada por Victoriano Lorenzo.

Antes de describir las pequeñas guerras campesinas que asolaron al sector agrario panameño, conviene tener presente que los conflictos de clase a lo largo de la centuria, a veces se presentaron directamente como luchas contra los impuestos y los abusos, como en Azuero en 1856; pero muchas veces se presentaron revestidos de un cariz político que lo encubría y del que algunos historiadores parecen no percatarse.

Por ejemplo, el valioso estudio de Armando Muñoz Pinzón, que hemos citado, demuestra que el grave conflicto de 1854, mediado incluso por asesinatos, que aparentemente es una disputa por el control de la Gobernación de la recién creada provincia de Azuero, entre las familias Goytía y Guardia, en realidad esconde un conflicto clasista entre latifundistas y minifundistas.

El sociólogo Milciadez Pinzón, realiza una interesante síntesis de la variedad de interpretaciones que a lo largo del tiempo han tenido los conflictos agrarios de la década de 1850 en aquella región: 1. Empieza con Juan B. Sosa, quien sólo visualiza un conflicto entre familias; 2. Para Rubén Carles O., se trató de un conflicto entre liberales y conservadores; 3. Es Hernán Porras el primero en percibir un conflicto de clase entre terratenientes y minifundistas; 4. Según Milciades Pinzón el estudio de Armando Muñoz es un salto hacia la precisión pues incorpora el conflicto de clase en el sentido del descontento popular con los impuestos; 5. Finalmente, menciona la interpretación de Marco Gandásegui, para el cual el detonante de la crisis es la competencia por el mercado de la zona de tránsito entre formas de producción distintas Veraguas vs Azuero[iv].

Lo que es más evidente hoy en día, es que las diversas guerras civiles entre liberales y conservadores, de las que hubo muchas en el siglo XIX panameño, en el campo expresaban un conflicto entre dos clases: los terratenientes y ganaderos  sostenedores del bando conservador, aliado a los conservadores del resto de Colombia de manera consecuente, identificado con las familias Fábrega, De la Guardia, Guardia; y el pequeño campesino precarista, siempre vinculado al bando liberal, identificado por líderes como los Goytía, Porras y Victoriano para los indígenas.

Sin embargo, el problema se vuelve complejo desde el punto de vista del programa liberal hispanoamericano y colombiano del siglo XIX, porque como bien señala Jorge Conte-Porras[v], a partir de la década del 50 éstos intentaron traspolar ideales europeos sobre una realidad distinta en América, con lo cual los resultados fueron desastrosos o contrarios al objetivo.

Por ejemplo, el intento de copiar el modelo francés de reforma agraria (que eliminó el latifundio francés entregando parcelas a los pequeños campesinos) en nuestro continente significó expropiar tierras colectivas de Resguardos indígenas y ejidos municipales que, a la postre acabaron en manos de los latifundistas. Otro tanto sucedió con la expropiación de las enormes tierras de la Iglesia Católica que fue a parar a los terratenientes fortaleciéndolos.

En el plano de los impuestos, el ideal de la descentralización política y el federalismo los llevó a entregar su administración y cobro a los Cabildos y autoridades locales, lo cual fue contraproducente, y empeoró las injusticias contra los campesinos pobres.

Por eso, en términos generales el programa liberal fracasó en Colombia y el resto de Hispanoamérica, transformándose en un beneficio para los enemigos de la causa liberal. Ahora bien, estas contradicciones no impidieron que las demandas del campesino pobre, así como de los artesanos y pobres urbanos, encontraran siempre cobijo bajo la bandera liberal, y para nada bajo la de los conservadores, a quienes veían como enemigos de clase y políticos.

Las principales figuras populares del siglo XIX panameño, todas fueron liberales: Pedro Goytía y después Demetrio Porras, representantes del minifundio de Azuero; Victoriano Lorenzo, representante de los indígenas, cholos y campesinos pobre de la cordillera coclesana; Buenaventura Correosos, representante del arrabal de Santa Ana en la ciudad de Panamá.

Veamos la lista de los conflictos y guerras civiles que asolaron el campo panameño a lo largo del siglo XIX que hemos podido recabar:

1. Como antecedentes, en el siglo XVIII, están las incontables sublevaciones y resistencias del pueblo Kuna, en las dos vertientes del Darién, los cuales no pudieron ser “pacificados” a lo largo del período colonial; en ese mismo siglo, las varias revueltas de diversos pueblos indígenas de la región de Chiriquí y Veraguas, que abandonaban y saqueaban las reducciones en las que aparentemente habían sido “pacificados”,en 1783 en Bugaba, 1788 en Tolé, 1805 en Santa Fe[vi] 

2. En el siglo XIX, la primera sublevación del campesinado azuerense es el “Grito de Independencia de La Villa de Los Santos”, del 10 de noviembre de 1821. Hecho que la historia oficial vincula a “sentimientos patrióticos”, pero cuyo móvil real e inmediato fue el descontento del campesinado pobre contra el avituallamiento forzoso del ejército español cada vez que marchaba a combatir a los independentistas en Sudamérica. El historiador Alfredo Castillero C. aporta nueva información que permite establecer que, en octubre de 1821, el capitán general Mourgeon impuso las últimas contribuciones forzosas de ganado y otros bienes de las cofradías, antes de partir con su ejército hacia Ecuador. El descontento campesino que esto produce da lugar a una proclama del natariego Francisco Gómez Miró seguida del pronunciamiento del Cabildo de Los Santos dirigido por Segundo Villamil, y es lo que explica que aquella región fuera la vanguardia en la independencia panameña[vii].

3. En 1827, en Los Santos, se produce una sublevación de 300 campesinos contra el pago de impuestos, según recoge el general bolivariano O’Leary en sus Memorias, las cuales cita Armando Muñoz Pinzón[viii].

4. En 1851 y 1852 se repiten disturbios en los departamentos de Herrera y Los Santos cuando la Cámara Provincial , mediante ley de 22 de abril de 1850, había sustituido el diezmo por la contribución directa[ix].

5. En 1854, se produce el conflicto por el control de la gobernación de la provincia de Azuero (creada en 1850), que comprendía los departamentos de Herrera y Los Santos. Aparentemente se basó en un acuerdo político, el gobernador José A. Sáez (liberal), y el vicegobernador Agustín Chiari (conservador). Pero ante un cáncer terminal que padecía el gobernador, el bando liberal decide remover a Chiari para imponer a Pedro Goytía (liberal) para que dirija de hecho la gobernación.

Los conservadores, con el apoyo del gobernador de Veraguas, Fábrega, deciden oponerse a la maniobra, intentan asesinar a Pedro Goytía, y luego son heridos dos funcionarios conservadores. En julio de 1854 se produce una invasión de 90 hombres procedente de Veraguas, que toma Parita pero es derrotada en los márgenes del río La Villa por campesinos armados en número de 400. Durante varias semanas se teme una invasión azuerense hacia Veraguas, pero ésta no se produce. Goytía es separado del cargo y, finalmente, desde Bogotá, el presidente encargado José de Obaldía, por iniciativa el senador conservador panameño, Santiago de la Guardia, decretan la supresión de la provincia de Azuero, entregando Herrera a la jurisdicción de Veraguas, y Los santos a la de Panamá[x].

6. En 1856, durante varios meses se suceden incidentes y rebeliones en los pueblos de la península de Azuero. La primera explosión popular sucede el 19 de enero, cuando una multitud de cien campesinos armados rodea la casa del prefecto de Pesé, José I. Rosa, para “que no se pagasen las contribuciones que estaban mandadas a cobrar; que solo estaban prontos a pagar diezmos y primicias...”[xi].

El movimiento se extendió a la vecina Ocú y a Parita, lugar este último donde la comunidad emitió un “Pedimento del Pueblo” que, entre otras cosas dice: “…Que ciendo estos pueblos desgraciados de pobresa y ciendo tantas las contribuciones del Estado, muy ecsorbitantes i los indicados pueblos no resisten las referidas contribuciones,…, salvandose algunos individuos de regular fortuna de la contribucion del estado, que de estos salga la contribucion[xii]

El Pedimento del pueblo de Parita es claro, no sólo las contribuciones son elevadas para sus capacidades, sino que hay individuos pudientes que escapan a su pago por ser allegados a las autoridades.

El 27 de enero, en Pesé, el pueblo detuvo y golpeó a todas las autoridades locales y saqueó la casa del cura José María Franco el cual era terrateniente, activista político y aliado de los Guardia y los Fábrega de Veraguas. La alarma cunde entre los latifundistas de Santiago, quienes llaman al vicegobernador del Estado Federal de Panamá, Francisco de Fábrega, para que se apersone con una fuerza represiva desde la ciudad de Panamá antes que el movimiento se extienda, pues provenían ecos de descontento de la región de Chiriquí y en la misma Veraguas, en San Francisco.

Fábrega llega con una numerosa tropa a Montijo el 4 de febrero y desde allí organiza una expedición punitiva que llega a Ocú y Pesé el 20 de febrero y a Los Santos el 22. Sin embargo, la actitud de los habitantes fue la de no confrontar al ejército del Estado, sino huir a los campos. Por ello, desde Los Santos el oficial Gil Colunje emite un informe en que se ufana de sofocar la rebelión “…sin disparar un fusil…”[xiii].

Pese a que el historiador Armando Muñoz P., al inicio del capítulo que narra la sublevación de 1856 ha destacado que en los manifiestos de los campesinos no hay ninguna mención a bandos políticos, sino al tema de los impuestos, las autoridades conservadoras enseguida culparon de lo sucedido a Pedro Goytía y sus huestes, como bien remarca en el siguiente capítulo. Así que el conflicto sí queda teñido por la lucha liberal – conservadora sobre todo en los juicios posteriores que se siguieron y en los que Goytía pagó con prisión y destierro[xiv].

Justamente, el 20 de marzo, estalla una nueva asonada en Los Santos por la detención y deportación de Pedro Goytía hacia la ciudad de Panamá. El 5 de abril 100, hombres armados rodean la casa del prefecto Villamil en Los Santos y se produce un tiroteo de 2 horas. El 27 de abril, es asesinado en el caminos entre Chitré y Los santos el agente fiscal José del C. Ríos.

El 25 de mayo, para tratar de calmar los ánimos el Cabildo de Los Santos emite un decreto reglamentando el cobro de la contribución directa de manera proporcional, desde 5 céntimos el menos pudiente hasta 3 pesos fuertes[xv]. Pese a ello, entre julio y agosto se produce una nueva revuelta en Pedasí, donde los campesinos se oponen a pagar impuestos.

Aunque el historiador presenta como un hecho disociado, nos parece que tiene relación directa con la revuelta campesina el asesinato del cura José María Franco en Macaracas, el día 9 de septiembre de 1856. Ese día, un grupo de campesinos dirigidos por Celedonio Castro se presentó a la iglesia donde esta oficiando el cura Franco, lo arrestó, lo condujo a la cárcel del pueblo, donde fue puesto en el cepo y luego asesinado a tiros. Las investigaciones presentaron el hecho como una venganza personal, por el cobro de una deuda, pero la historia personal del cura y que tuviera que huir al inicio de la sublevación relacionan su muerte con el descontento generalizado contra los latifundistas[xvi].

7. En 1858, aunque el reglamento del Cabildo de Los Santos de mayo de 1856 parecía haber calmado los ánimos, Armando Muñoz P. reseña un tumulto de campesinos que atacan al alcalde y al tesorero por el tema de los impuestos en la zona de Macaracas[xvii].

8. La crisis de 1860 a 1862, guerra liberal – conservadora de amplias repercusiones en Panamá que Jorge Conte-Porras aborda en mucho detalle, ya que el conflicto se extiende en el Istmo porque acá el gobierno conservador de Santiago de la Guardia procuró preservarse mientras los liberales asumían el poder en toda Colombia (Convenio de Colón)[xviii].

Lo interesante para el tema que nos ocupa es: 1. Que en la provincia de Coclé surge un liberalismo, encabezado por Isaacs Fernández Feo, que cuestiona el poder conservador de la familia latifundista de la región, lo De la Guardia; 2. Que José Joaquín Mosquera, presidente y cabeza del liberalismo colombiano, tuvo como eje de su gobierno el tema agrario, decretando el 20 de julio de 1861 la expropiación de los bienes de manos muertas en poder de la Iglesia y la devolución de las tierras de los Resguardos indígenas que habían sido apropiadas por los terratenientes ganaderos.

Derrotado el conservador Santiago de la Guardia y restaurado el gobierno liberal en el Istmo, empezaron las quejas de los terratenientes, como el propio José de Obaldía, denunciaba ser “despojado” de sus hatos ganaderos por los campesinos indígenas que se amparaban en las leyes dictadas por Mosquera. Es interesante hacer notar que en esta fase, hubo quejas hasta de los propios liberales terratenientes, como el mismísimo Pedro Goytía que, de líder de las masas desamparadas de Azuero, ahora se quejaba de las expropiaciones lanzadas por Mosquera[xix].

Sin embargo, el poder liberal duró poco en el Estado de Panamá, ya que mediante una maniobra en el Cabildo se autoproclamó presidente el conservador Gil Colunje en 1865, ordenando acciones punitivas contra los liberales insurrectos en la zona de Coclé. De manera que, un año después campesinos de Penonomé se quejaban mediante nota de los atropellos del Prefecto José Arjona.

Las medidas progresistas de Mosquera y los liberales finalizaron cuando Rafael Núñez, mediante una alianza de liberales moderados y conservadores, crea el movimiento de La Regeneración y, entre otras medidas, restituye a la Iglesia sus propiedades y prerrogativas.

9. Toda la década de 1890 está plagada de reclamos de las comunidades indígenas de Coclé contra los abusos de las autoridades especialmente en la imposición de trabajos forzados e ilegales. Conte-Porras cita una carta del obispo Fermín Jované (1890) que, prueba que está al tanto del problema, lo que no significa que haya hecho nada al respecto; un Memorial (30/1/1891) firmado por cien indígenas de Penonomé, entre ellos Victoriano Lorenzo, quejándose contra los abusos del regidor de Capira Pedro Hoyos obligándoles a pagar tributos a ese distrito cuando ellos vivían fuera de su jurisdicción; otra nota de los indígenas al obispo de Panamá sobre el mismo asunto; y otra de 1897 dirigida al Secretario de Gobierno de Colombia.

De manera que, cuando el 23 de julio de 1891, se suscita el conocido incidente en que el regidor de la Trinidad y El Cacao, Victoriano Lorenzo, mata en defensa propia al regidor de Capira Pedro Hoyos, estamos ante un hecho que parece aislado, pero que es un reflejo de una cadena de injusticias. Todos sabemos que Lorenzo purgó 9 años de cárcel sin que ninguna autoridad de las que estaba informada de la situación hiciera nada por defenderlo, igual que sucedería en 1903 cuando fue fusilado.

10. La cadena de hechos escritos abona el terreno para la explosión social que fue la Guerra de los Mil Días. De modo que, cuando esta estalla, el caudillo liberal azuerense, Belisario Porrras podía pensar: “¿Cómo no debían tener esos indios hambre de reparaciones? Son una raza de proscritos en la cordillera, a donde los arrincona cada día más la codicia torpe de la autoridad de nuestra tierra. Claro está que siendo ellos así, y nosotros descastados y filibusteros sin patria, había cierta similitud en nuestra común desgracia y bien podíamos hacerlos de nuestra propia mesnada[xx].

No vamos a detenernos en cómo se desarrolló la guerra, pues no es nuestro tema. Baste clarificar aquí que, en un artículo[xxi] hemos desarrollado la tesis de que la Guerra de los Mil Días tuvo en el Istmo de Panamá, dos fases: la primera, sintonizada políticamente con las demandas del liberalismo colombiano contra el gobierno de La Regeneración, que llega hasta la derrota del Puente de Calidonia (24 de julio de 1900); la segunda, que empieza la guerra indígeno-campesina contra los terratenientes, cuando Victoriano Lorenzo es nombrado general por 500 pobladores indignados por la quema de El Cacao, la destrucción de los cultivos y la violación de las mujeres (20 de octubre de 1900).

Victoriano Lorenzo abre la campaña contra el Gobierno por el saqueo del caserío de El Cacao. No habla de liberalismo y conservatismo. Es la lucha de los campesinos recluidos en las montañas que sufren la carga de los impuestos (incluyendo los diezmos y primicias), la escasez de alimentos y los ultrajes de las autoridades y de arrogantes oficiales militares[xxii].

Desde octubre de 1900 llevó la guerra a los terratenientes de Penonomé, cercando la ciudad y postrándola de hambre, sumando al campesinado de toda la región y aislando al gobierno conservador de la ciudad de Panamá del interior. Así se desarrolló la guerra hasta que, en noviembre de 1902, los liberales y conservadores de Panamá firmaron el Tratado del Wisconsin, por obligación impuesta por Estados Unidos para finiquitar las negociaciones sobre el canal, sin resolver ninguna de las demandas campesinas e indígenas.

Norteamericanos, autoridades y civiles conservadores, y los mismos liberales moderados veían en Victoriano un peligro que podía echar por tierra sus aspiraciones a un acuerdo canalero. Por esa razón fue traicionado por los dirigentes liberales, detenido desde noviembre de 1902, enjuiciado sumariamente cuando la negociación canalera estaba en su apogeo y fusilado sin poder defenderse el 15 de mayo de 1903.


[i] Ibid., Un estudio sobre historia social panameña. Las sublevaciones campesinas de Azuero en 1856.Págs. 25 – 42.

[ii] Figueroa Navarro, Alfredo.Dominio y sociedad en el Panamá colombiano. Op. cit. Pág. 106.

[iii] Molina Castillo, Mario. Chiriquí en sus fronteras de producción. Migraciones, poblamiento y evolución urbana e industrial 1750 – 1950. Impresos Modernos. Panamá, 2014.

[iv] Pinzón O., Milciades. “Conservadores, liberales y campesinos en Panamá. Una interpretación de los movimientos campesinos azuerenses de 1856“. En Revista Panameña de Sociología No. 3. Imprenta Universitaria. Panamá, 1987.

[v] Conte-Porras, Jorge. Meditaciones en torno a Victoriano Lorenzo. Impreandes, S.A. Santa fe de Bogotá, octubre de 1997. Págs. 158 – 159.

[vi] Castillero Calvo, Alfredo. Conquista, Evangelización y Resistencia. Op. cit.

[vii] Castillero Calvo, Alfredo. La independencia de 1821. Una nueva interpretación. En: Historia General de Panamá. Volumen II. El Siglo XIX. Comité Nacional del Centenario. Panamá, 2004.

[viii] Muñoz P., Armando. Op. Cit. Pág. 43.

[ix] Ibidem, Pág. 35.

[x] Ibid., Págs. 1 – 24.

[xi] Ibid. Págs. 43 – 44.

[xii] Ibid. Págs. 49 – 50.

[xiii] Ibid. Págs. 56 – 64.

[xiv] Ibid. Págs. 65 – 90.

[xv] Ibid. Pág. 85.

[xvi] Ibid. Págs. 91 – 107.

[xvii] Ibid. Pág. 89.

[xviii] Conte-Porras, Jorge. Op. cit. Págs. 157 – 209.

[xix] Ibidem, Pág. 170.

[xx] Ibid. Pág. 193.

[xxi] Beluche, Olmedo. El Cholo Guerrillero. Victoriano Lorenzo en la historia política panameña. Editorial Portobelo. Panamá, 2010.

[xxii] Vásquez Vásquez, Claudio. Mis memorias sobre el General Victoriano Lorenzo: relatos de viva voz del Tte. Col. Juan José Quirós Mendoza. 1900 – 1902. Segunda Edición. Imprenta ARTICSA. Panamá, 2003. Pág. 49.

Declaración Final Cumbre de los Pueblos Panamá- 11 de abril 2015

Cumbre-PanamáCumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales de Nuestra América

DECLARACIÓN FINAL

Nosotros, los Pueblos de Nuestra América, convocados en la Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales reunidos en la Universidad de Panamá entre los días 9, 10 y 11 de 2015, con más de 3,500 delegados/as representando a centenares de nuestras organizaciones obreras, sindicales, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del movimiento popular.

En el marco de un debate unitario, fraterno y solidario, los participantes en conferencias y en las 15 mesas de trabajo de la Cumbre de Los Pueblos

DECLARAMOS:

Nosotros, los Pueblos de Nuestra América, expresamos nuestro firme respaldo a la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y libre de colonialismo, tal como fue acordado por unanimidad por todos los Gobiernos de Nuestra América en Enero de 2014 por la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En tal sentido, rechazamos el acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégicos contra nuestra Región a través de Bases Militares, Sitios de Operaciones e instalaciones similares, que sólo en los últimos 4 años han pasado de 21 a 76 en Nuestra América, 12 de ellas en Panamá y exigimos la derogación del pacto de Neutralidad, que permite la intervención militar norteamericana a la República de Panamá.

Iraq, Afganistán, Somalia, Palestina, Mali, República Centroafricana, Siria, Ucrania, Nigeria, Pakistán, Congo, Mauritania, Libia, y Yemen son sólo algunas de las más recientes intervenciones militares norteamericanas con su secuela de muerte y desolación. No queremos dicha situación en Nuestra América.

Así, apoyamos las Declaraciones de la Secretaría General de UNASUR que solicita la exclusión de todas las bases militares en nuestra Región de Paz y la afirmación de que ningún país tiene derecho a juzgar la conducta de otro ni muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por cuenta propia.

Nosotros, los Pueblos de América, respaldamos al pueblo cubano y su Revolución, saludamos el regreso a casa de los cinco héroes cubanos, producto de la solidaridad internacional y de la lucha incansable de su pueblo. Exigimos, junto con todos los pueblos del Mundo, el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo genocida contra la República de Cuba por parte del Gobierno de los Estados Unidos y el cierre inmediato de la base militar de Guantánamo, sin más condición que la del respeto a las Leyes Internacionales y a la Carta de las Naciones Unidas.

Nosotros, los Pueblos de América, expresamos, nuestro apoyo incondicional e irrestricto a la Revolución Bolivariana y al gobierno legítimo encabezado por el compañero Nicolás Maduro.

Por tanto rechazamos la injusta, injerencista e inmoral Orden Ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos que ha pretendido señalar a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional y que ya ha merecido el rechazo unánime de todos los países de Nuestra América.

Nosotros, los Pueblos de América, reafirmamos que Puerto Rico es una Nación Latinoamericana y Caribeña, con su propia e inconfundible identidad e historia, cuyos derechos a la Independencia y la Soberanía son violados por una tutela colonial impuesta hace más de un siglo de forma arbitraria por parte del imperialismo Norteamericano, por esa lucha histórica por lograr la soberanía y autodeterminación de Puerto Rico, muchos y entre ellos purgan cárceles como  Oscar López Rivera, del cual exigimos su inmediata libertad.

Nosotros, los Pueblos de América, reiteramos nuestro apoyo solidario y esperanzado a los Diálogos por la Paz en Colombia, que se realizan entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, solicitamos la apertura de una mesa similar con el ELN con el fin de transitar en la construcción de un proceso de paz firme y duradera con Justicia Social.  Saludamos las gestiones realizadas por distintos gobiernos para facilitar el éxito de este proceso.

Nosotros, los Pueblos de América, reiteramos nuestro apoyo permanente e incondicional a la República Argentina en sus gestiones para la recuperación de las Islas Malvinas, así mismo, nuestro respaldo al Estado Plurinacional de Bolivia en su justa y postergada aspiración de una salida propia al Mar. Reclamamos el inmediato retiro de las tropas de ocupación en Haití, acción que permitirá su autodeterminación. Exigimos al gobierno de México la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzosamente en Ayotzinapa.

Nosotros, los Pueblos de América, manifestamos la necesidad imperiosa de la construcción y profundización de una sociedad nueva, con justicia social y con equidad de género, con la participación activa de los jóvenes y de los diferentes actores sociales, con la solidaridad como un principio fundamental para el desarrollo integral y soberano de nuestros pueblos. Hoy existen en Nuestra América algunas lacayos del imperialismo que intentan sostener e imponer al modelo neoliberal como la solución a los problemas y necesidades de nuestros pueblos, modelo que ha demostrado ser el más eficaz instrumento para profundizar la pobreza, la miseria, la desigualdad,  la exclusión y la más injusta distribución de la riqueza que se conoce.

Ante esta situación manifestamos y convocamos a luchar y defender nuestros recursos naturales, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, nuestros bienes comunes, la madre tierra y la defensa de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y las conquistas y derechos sociales. La lucha por el empleo, el trabajo y salario digno, la seguridad social, las pensiones, la negociación colectiva, la sindicalización, el derecho de huelga, la libertad sindical, salud ocupacional, los derechos económicos y sociales, el respeto a los migrantes y afro descendientes, la erradicación del trabajo infantil y esclavo, justicia con equidad de género.

Todo esto es y será posible si trabajamos en unidad y con el objetivo de construir correlación de fuerzas que permita sustituir del poder al bloque dominante por uno social y político que defienda los intereses de nuestros pueblos.

A 10 años de la derrota del ALCA reafirmamos nuestra lucha contra las nuevas formas de tratados de libre comercio TLC, TPC, TISA, la Alianza del Pacífico. Así también seguimos sosteniendo que la deuda externa de nuestros países es incobrable e impagable por ilegítima e inmoral.

Nosotros, los Pueblos de América, saludamos los procesos de integración que priman la autodeterminación y la soberanía de nuestros pueblos, procesos como ALBA y la CELAC, procesos que han fortalecido la unidad latinoamericana. Creemos necesario complementar estos procesos con la participación de organizaciones sociales, sindicales, populares, para fomentar aún más una integración desde y para los pueblos.

11 de abril de 2015

Ciudad de Panamá, Panamá