Redacción : Ligia Arreaga

Cuando inició el periodo de Gobierno del Presidente Juan C. Varela muchos ambientalistas teníamos la ilusión de que se gobernaría con la “ Ley en la mano ” para sanear las Instituciones públicas, combatir la corrupción que había arropado al sector público preferentemente y que se aplicaría justicia sin mirar a quién.

Al comienzo se vieron algunos signos, como la decisión de convertir a la Autoridad Nacional del Ambiente en Ministerio, que se designara como titular de este ramo a una Bióloga, especialista en el tema del ambiente para que rigiera los destinos de esta Institución básica para un desarrollo equilibrado y de sostenibilidad.

Mucha gente tenía la certeza de que este nuevo Ministerio requería un “ saneamiento riguroso ” ya que la ANAM había perdido credibilidad en la nación panameña. En estas últimas décadas se aprobaron proyectos sin tener en cuenta si afectarían a ecosistemas frágiles de gran valor biológico y de vital importancia para comunidades; no se exigía a las Empresas la previa consulta ciudadana y si las poblaciones se oponían presentando sus razones, no se las escuchaba ni se respetaba su decisión; tampoco se vigilaba el cumplimiento de las Medidas de Mitigación descritas en los Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A.) que aprobaban.

Podríamos decir que en estos últimos 15 a 20 años la entidad encargada de aprobar o denegar Estudios de Impacto Ambiental para ejecutar proyectos, se dedicó a aprobarlos “ a diestra y siniestra ” sin importar si se destruirían bosques, manglares; o si contaminarían ríos, humedales, lagunas o si determinada obra se la ejecutaría en un sitio de tránsito de aves migratorias, etc. Tal parece que la consigna o que la ley ordenara “ aprobar cualquier E.I.A. sin importar las consecuencias” sólo pensando en un desarrollo febril sin respeto al ambiente.

Cuando en el 2014 tomó posesión la Ministra Endara, la mayoría de los panameños imaginamos que se haría una evaluación sutil y justa selección de técnicos y funcionarios que, por su proceder, habían contribuido a la pérdida de credibilidad e imagen de aquella Institución, cuya misión es preservar y salvaguardar la riqueza natural de Panamá. Pero no fue así.

En ésta última década, la Autoridad Nacional del Ambiente muy poco caso hizo a denuncias presentadas por ciudadanos responsables sobre temas de afectación al ambiente o a la oposición de poblaciones ancestrales a que se afecten sus recursos y territorios. Era pues el momento de prevenir y mitigar la situación de desastres ambientales.

En estas últimas semanas ha corrido como pólvora la noticia de que el actual Ministro Sempris está preparando un decreto para cambiar la administración del Parque Nacional Darién y del Chagres para estar bajo la protección de las regionales, dejando sin efecto la Resolución AG0224-2007 la que declara “ que la administración del Parque Nacional Chagres y Parque Nacional Darién sean dirigidas por la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre ”, decisión que atenta contra la Independencia de ese Patrimonio Mundial de la Humanidad y Reserva de la Biosfera.

La pregunta clave que salta al pensamiento de cualquier panameño es : Si hay presupuesto propio destinado para el manejo de estas dos áreas protegidas que poseen gran valor biológico, eco-sistémico, asignado internacionalmente por la importancia que tienen esos dos ecosistemas, entonces ¿cuál es el propósito de cambiar el status administrativo ? ¿ Qué intenciones hay detrás ? ¿Será personal cualificado el que esté al frente del manejo de estos importantes ecosistemas o será gente improvisada y vinculada políticamente?. ¿Se valorará el trabajo realizado con entrega y riesgos por el actual director Carlos Sánchez y personal del Parque Nacional Darién ? Recordemos la dura lucha librada contra los devastadores incendios en área de la laguna Matusagaratí, Garachiné, punta de Santa Bárbara que llegó hasta los límites del Parque Nacional Darién, donde se quemaron más de 30.000 hectáreas, lucha que dejó afectado y con secuelas en la salud a Carlos Sánchez y otros trabajadores.

En Darién vivimos la desconcertante realidad de la devastación y afectación a la Reserva Hidrológica Filo del Tallo por el avance de la frontera ganadera, por la tala y tráfico ilegal de madera. Lo mismo ocurre en la Reserva Forestal Canglón, en la Cuenca media y alta del río Chucunaque.

Como también se han aprobado E.I.A. para la construcción de canales de desagüe y desecación del Humedal-laguna Matusagaratí, la mayor reserva de Agua dulce de Panamá ( daño que no se ha detenido a pesar de haberla declarado “área protegida”), tráfico ilegal de especies en peligro de extinción como el Cocobolo y otros delitos ambientales.

Cuando se le ha preguntado a las autoridades encargadas de proteger nuestros recursos, por la falta de control y sanción a los culpables de esos ilícitos, la respuesta reiterada ha sido, que la Institución no cuenta con suficiente personal para vigilar ocho áreas protegidas que tiene Darién.

Entonces ¿cómo se van a dar abasto ahora para vigilar no sólo las que tienen bajo su responsabilidad directa sino además, dos grandes Parques? los cuales además poseen, connotaciones económicas relacionadas con el buen funcionamiento del Canal de Panamá, en el caso del Parque Nacional Chagres.

En relación al Parque Nacional Darién, sabemos que hay más de 80 mil hectáreas que físicamente están delimitadas y señalizadas desde su creación, consideradas por las poblaciones darienitas parte integral del Parque Darién, pero que “ accidentalmente ”, al marcar los límites en el mapa desde las oficinas, le restaron 80.000 hectáreas, las cuales deben ser anexadas legalmente en el decreto oficial de constitución del Parque.

A pesar de que Sempris el año pasado expresó corregir este error en los mapas con los límites actuales In Situ, hasta la presente no ha resuelto ésta delicada situación que pone en riesgo bosques prístinos. Ahora madereros ambiciosos se frotan las manos y hay voces que afirman que ya tienen permisos para talar. ¿Será verdad?

Mientras tanto, ahora el Ministerio pretende anexar a la administración estos dos grandes y complejos ecosistemas que requieren ser manejados por especialistas, técnicos alejados del vaivén de la política. La preocupación es aún mayor ya que fuentes fidedignas afirman que existen Planes de Manejo para explotación maderera en poblaciones indígenas que están dentro y en la zona de amortiguamiento de ésta joya biológica, el Parque Nacional Darién.

En el Ministerio del Ambiente es en donde se otorgan permisos y Concesiones madereras. Es ahí en donde se aprueban los E.I.A. para ejecución de proyectos nefastos como la Hidroeléctrica Barro Blanco, a pesar de la oposición férrea de un pueblo ancestral. Esta misma institución ha aprobado proyectos desarrollistas en playas, Islas, Humedales como el de Juan Diaz, Matusagaratí, y así se podría mencionar una larga lista que deja en evidencia que las leyes aprobadas en nuestra Constitución y en la Ley de Ambiente 1998 no han servido para aprovechar nuestros recursos naturales de manera inteligente y sostenible, sino para satisfacer y complacer intereses de copartidarios y de aquellos que financian campañas políticas y demás compromisos, menos cuidar y proteger nuestra riqueza natural.

La Asociación Amigos del Parque Nacional Darién ha emitido un comunicado que dice “ abogamos para que no se tomen decisiones políticas arbitrarias que vayan en detrimento del Parque Nacional Darién y nos mantendremos en ESTADO de ALERTA para salvaguardar este Patrimonio Mundial de la Humanidad, Reserva de la Biosfera y tesoro natural de todos los darienitas ”.

Este es un ejemplo de las reacciones que está provocando los anuncios de las intenciones del Ministro Sempris. Y habrán más, si se sigue por ahí.

Si los anuncios se hacen realidad de acabar con la independencia de ambos Parques, de retirar a unos directores y personal ya probados que cumplen eficientemente su labor, entonces estaremos ante una muy mala noticia y una señal de que este Gobierno ha bajado los brazos ante la defensa del ambiente.

El mundo entero vive las consecuencias nefastas del cambio climático global, temperaturas extremas, sequías prolongadas, inundaciones, trastornos ocasionados por elevadas emisiones de dióxido de Carbono. Este mismo gobierno se ha comprometido a reforestar un millón de hectáreas y proteger los bosques que son los mayores filtros que absorven los gases contaminantes, pero sino cuidamos de ellos y sólo miramos intereses políticos y económicos estaremos actuando de manera egoísta y sin sentido de amor a la patria y a la humanidad.