COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE ACCIÓN CIUDADANA EN TORNO Al CONFLICTO POR LA HIDROELECTRICA BARRO BLANCO

La Red Derechos Humanos de Panamá, realizó una gira de observación a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Barro Blanco, luego del llenado de prueba que inició el pasado martes 24 de junio, y que violentó el acuerdo del 10 de agosto del 2015 entre autoridades indígenas y el gobierno nacional, que establecía lo siguiente:
 
            “5. El Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo, debidamente       legitimado por las instituciones democráticas establecidas por la ley.”

 
Por lo anterior, y tomando en consideración los testimonios recibidos durante la gira de observación realizada del 12 al 15 de junio, donde se pudo constatar los daños ambientales irreversibles y las graves violaciones a los derechos humanos de que están siendo víctimas las comunidades indígenas y campesinas, es que procedemos a recomendar de manera urgente lo siguiente:
 
A la Defensoría del Pueblo:
 
1.     Solicite de manera urgente que se cancele el llenado de la Represa de Barro Blanco, se evalúen los daños ambientales y sociales, y se reanude el diálogo para establecer una estrategia conjunta que defienda los intereses nacionales y de su ciudadanía ante el abuso de empresarios extranjeros.
2.     Que acompañe a las comunidades en sus justas demandas de justicia y protección y que demande al gobierno panameño como garante de la plena vigencia de los DDHH sin discriminación  de ningún tipo en este conflicto.
3.     Que se exija a las autoridades competentes la investigación exhaustiva de la operación de desalojo realizada por la fuerza pública que dieron como resultado destrucción de propiedades, detenciones ilegales y bienes extraviados durante el desalojo del 23 de mayo de 2016. 
4.     Que se pida cuentas a  las Comisiones de Trabajo de la Mesa del Diálogo, para conocer los diagnósticos que ya deben tener sobre el impacto económico, ambiental, social y cultural de este proyecto en las comunidades indígenas y campesinas y verificar que esta información sea de acceso público.
5.     Qué la Defensoría de Pueblo presente cuanto antes a la ciudadanía el informe de la gira realizada en el período posterior al inicio del llenado del embalse.
6.     Gestionar orientación legal a los dueños de las propiedades que no han negociado así como a los que fueron supuestamente forzados a la venta de sus propiedades por la empresa GENISA y verificación del cumplimiento de los acuerdos y promesas de reubicación adecuada para dichas familias.
 
 
Al Gobierno Nacional:
 
1.     Solicitar al Presidente de la República que ordene el vaciado del embalse de conformidad al punto 5 del acuerdo del 10 de agosto del 2015, la destitución del Administrador de la ASEP y su inmediata investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos.
2.     Solicitar de manera urgente al Ministerio de Ambiente un informe de las afectaciones ambientales del llenado de prueba y que explique el protocolo utilizado para la preparación del terreno y las comunidades antes del llenado.
3.     Solicitar al Instituto Nacional de Cultura un informe sobre las afectaciones al patrimonio cultural luego del llenado de prueba y los riesgos presentes para los sitios arqueológicos que no se han inundado.
4.     Solicitar a la Autoridad Nacional de Tierras, y fiscalías correspondientes que abran una investigación sobre todo lo actuado con las personas que son dueñas de los terrenos afectados por el proyecto Barro Blanco.
5.     Que el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Ambiente rindan cuenta al país de cómo fue que se permitió el avance de este proyecto en los gobiernos anteriores del Presidente Martín Torrijos y Ricardo Martinelli y pedir cuentas a todas las instituciones involucradas.
6.     Por las múltiples violaciones al contrato de concesión a la empresa Genisa (evidenciadas en diversos documentos y denuncias); pero sobre todo por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas del área, demandamos al Gobierno Nacional como garante de los derechos humanos que documente todas las violaciones a las normas nacionales por parte de esta empresa y tome decisiones que aseguren los intereses nacionales y los derechos de las comunidades afectadas.
7.     Demandamos la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
8.     Demandamos la pronta sanción presidencial del proyecto de Ley 81 sobre consulta previa e informada, aprobado en tercer debate el 25 de abril de 2016.
 
 
Panamá junio de 2016

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