Por: Jonathan González

Las comunidades de San San Druy y San San, ambas pertenecientes al Territorio Naso,  celebran con mucha energía 7  años de resistencia ante los infructuosos intentos de desalojo de la Finca Ganadera Bocas  en complicidad con el estado panameño.

La Finca Ganadera Bocas ha estado en manos de las familias Guardia y Araúz que han acaparado miles de hectáreas en el distrito de Changuinola dedicadas a la ganadería extensiva, y en  donde por muchos años expandieron sus límites causando conflictos con las comunidades indígenas de San San y San Druy  ambas pertenecientes al Territorio Naso Tjer-Di que aún no ha sido reconocido como comarca. 

Durante 2009 se dieron fuertes acciones de desalojo dirigidas por Ganadera Bocas S.A con la participación directa de las fuerzas de seguridad pública del estado panameño.  Las mismas culminaron con el desalojo del el 19 de noviembre del 2009 sin ninguna orden judicial y solo con el respaldo arbitrario del Gobernador de la provincia de Bocas del Toro Simon Beker y del Ministro de Gobierno y Justicia José Raul Mulino dejando a un total aproximado  de 200 personas desplazadas entre ellos niños, mujeres y ancianos.

El conflicto fue llevado a a esferas internacionales donde James Anaya, Relator Especial  de las Naciones Unidas para pueblos Indígenas, emitió opiniones sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en Panama, y  expresó su “extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009”.

Según los informes que le llegaron al Relator sobre los acontecimientos del 20 de noviembre resaltaron que  aproximadamente 150 policías antimotines participaron del desalojo y luego de sacar a las personas procedieron a meter maquinaria derribando todas las casas de los indígenas.

El Relator Especial en su informe enfatiza en el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los pueblos indígenas de la ONU que establece «Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.” También insto a las autoridades judiciales competentes a que adoptaran medidas para esclarecer los hechos del desalojo.

Para el 30 de noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la dignidad personal de los lideres indígenas del pueblo Naso: Tony Vargas, Lupitas Vargas, Marcial Gamarra, Lucho Gamarra y Eliseo Vargas; con el fin  de evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados; solicitando el levantamientos de las viviendas y garantizar la libertad de circulación y seguridad del pueblo Naso en la Provincia de Bocas del Toro.

La CIDH dicta esta medida cautelar luego de la destrucción de las 30 casas, el centro cultural Naso, la escuela, una iglesia y otras instalaciones comunitarias el día 20 de noviembre. Además tenían información de los acontecimientos del 15, 16 y 17 de abril del 2009 donde empleados de la Finca Ganadera Bocas escoltados por agente policiales habrían efectuados disparos al aire y  derribaron 6 casas. Existía otro reporte fechado para el 2 de octubre de ese mismo año donde 40 policías fuertemente armados habrían  arrestado  a 8 indígenas Naso entre ellos el líder  Lucho Gamarra.

El conflicto por la tierra aún se mantiene dado que no han llegado a ninguna acuerdo legal entre las partes y la CIDH mantiene su medida cautelar que los protege de cualquier intento de desalojo forzado.  No obstante, la fuerza de voluntad y la resistencia del pueblo Naso han evitado que se materialice este desalojo al tiempo que se espera que las autoridades nacionales respondan al clamor de este pueblo que ha estado solicitando la creación de su comarca durante más de cuarenta años.

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